“Es mentira que el gobierno quiere discutir"

“ES MENTIRA QUE EL GOBIERNO QUIERA DISCUTIR SOBRE MEGAMINERÍA”

Se realizó en el hall central de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP la charla “El pueblo de Pie contra la Megaminería” donde integrantes de organizaciones ambientalistas, estudiantes universitarios, partidos políticos y público en general discutieron sobre las consecuencias socio-ambientales que genera la actividad a cielo abierto y sobre el actual marco jurídico impuesto en los ’90 que beneficia a las empresas trasnacionales.

La jornada contó con la presencia de Carlos Ron, integrante de la ONG interprovincial Conciencia Solidaria; Silvia Ferreyra, integrante del Instituto de Investigación Social, Económica, y Político Ciudadana y asesora de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación; y Simón Cluigt, vicepresidente de la Federación Universitaria de La Plata.

Al ser consultada sobre la importancia de realizar este tipo de jornadas, Silvia Ferreyra respondió que “hace años venimos haciendo este tipo de actividades, pero la importancia de hacerlas ahora radica en que se ha abierto un debate mucho más grande en la sociedad. Hasta hace años atrás, los cuestionamientos que había a la actividad quedaban limitados a la represión que se producía en las localidades donde los emprendimientos que se querían asentar. Pero ahora la pelea que se dio en Famatina permitió a la sociedad preguntarse cuáles son los beneficios y los perjuicios de la actividad tal cual se está dando hoy. Esto nos abre la posibilidad de discutir ante un gobierno que se dice progresista, pero que sin embargo mantiene lo más rancio de los ’90 en Legislación minera. Estas actividades nos dan la posibilidad de dar este debate inclusive con gente que adhiere o ha adherido al kirchnerismo”.

Para la especialista, “lo central de este debate es parar la megaminería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas” debido a que “en el país hay 10 proyectos en marchas y otros 12 que están por empezar pero hay 300 que están pidiendo pista para aterrizar”. En ese sentido, dijo que “tenemos que sancionar en el Congreso una ley que pare con esta actividad y darnos un tiempo para reorganizar la actividad minera. Tenemos que hacer una evaluación sobre qué tipo de minería precisamos en el marco de un desarrollo productivo nacional y quiénes la van a llevar adelante.

Ferreyra rechazó que el gobierno tenga voluntad de debatir en torno a estos emprendimientos. Precisó que “desde que empezó el proceso de movilización y se realizó una consulta en el 2003, todos los intentos que se hicieron para que la sociedad decida fueron prohibidos por los propios gobiernos provinciales o la justicia”. Por lo tanto, consideró que “es mentira que el gobierno quiere discutir”. En ese sentido, enfatizó que “hay más de 30 proyectos que pretenden modificar la actividad minera en el Congreso que ni siquiera llegan a ser tratados en la Comisión de Minería”. También afirmó que “dentro de los supuestos organismos que llevan adelante los controles por parte de las universidades públicas de las provincias afectadas con estos emprendimientos, nunca nadie ha recibido ni la más mínima predisposición a cuestionar nada”.

En ese contexto, la integrante del ISEPCi y asesora de la Cámara de Diputados dijo que “el gobierno no tiene contemplado ninguna revisión”, al tiempo que denunció que “el organismo interprovincial minero recientemente creado plantea redistribuir los recursos que reciben tanto la nación como las provincias de manera distinta, y no contemplan la posibilidad de retomar soberanía”.

Según Ferreyra, el gobierno “reconoce que están inversiones son de una dimensión importante de acuerdo a lo que está en condiciones de recaudar en estas provincias, en el marco de una crisis internacional”. En consecuencia, “no evalúan el resto de las variables que nosotros sufrimos como pueblo, que tienen que ver con el desarrollo de cada uno de los pueblos. Ellos no tienen cómo reemplazar ese monto de dinero sin afectar grandes intereses”.

La charla fue organizada por Conciencia Solidaria, el Instituto ISEPCi, la vicepresidencia de la FULP, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y el Movimiento Universitario SUR.