En el Día del Ambiente, Que el progreso no cueste vida. Por S. Ferreyra

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En el Día del Ambiente, Que el progreso no cueste vida

Escribe Lic. Silvia Ferreyra

El 5 de junio de 1972 iniciaba en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, primer encuentro gubernamental internacional de envergadura destinado a la problemática ambiental. A pesar del sesgo antropocéntrico en su lectura sobre las relaciones posibles con la naturaleza, fue un hito importante al establecer los primeros principios para la regulación de las actividades humanas y recomendaciones a los distintos niveles de acción política para hacer frente a los impactos de la contaminación que ya se empezaban a manifestar a escala global. En lo institucional, se conformó el UNEP, o Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA.

Veinte años después, en esa misma fecha, iniciaba en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como la “Cumbre de la Tierra” o “Cumbre de Río”, donde representantes del ámbito político, científico, y organizaciones sociales retomaron lo debatido en aquella oportunidad, ampliando en cierta medida aquélla mirada. La propuesta superadora acordada fue lograr un “desarrollo sostenible”, capaz de “satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, integrando en forma equilibrada las necesidades sociales, ambientales y económicas.

Con ese basamento se avanzó en la regulación ambiental en nuestro país, plasmado en la reforma constitucional de 1994 con el artículo 41, en las posteriores leyes ambientales sancionadas en distintas provincias durante esa década y finalmente en los presupuestos mínimos establecidos por la Nación en la Ley General de Ambiente, en el año 2002. Sin menospreciar el trabajo que venían realizando especialistas y organizaciones sociales, ecologistas y demás sectores, podemos decir que estos pasos en regulación ambiental fueron “de arriba hacia abajo”, respondiendo al proceso originado a partir de la Cumbre de Estocolmo.

Nuestra legislación incorporó principios rectores como el principio de prevención, prioritaria antes que la remediación; el principio de responsabilidad, u obligación por parte de quien contamina de costear estas dos tareas; o el principio precautorio, quizás uno de los más importantes: la ausencia de certeza científica o información sobre el peligro o daño de una acción, no justifica la falta de medidas para impedir la degradación del ambiente.

Se instituyeron valiosas herramientas políticas para la gestión, como la educación ambiental y el acceso a la información y la participación ciudadana, obligatoria para procesos de evaluación de impacto ambiental y ordenamiento territorial, aunque limitada en lo decisorio: “La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública”.

Claro que esta idea de “sustentabilidad intergeneracional” basada en el equilibrio de las distintas necesidades humanas y la naturaleza, en la década del 90 caminaba a contramano con modelo económico que se estaba aplicando en nuestro país y la región: profundas transformaciones en la estructura productiva que excluyeron importantes sectores de la sociedad, provocando el aumento de la pobreza, el achicamiento del Estado y su función reguladora, y la transferencia al sector privado de nuestros principales recursos naturales.

A partir de la crisis del neoliberalismo desatada en los primeros años del nuevo siglo, iniciamos otro proceso político y social en la región. Se abrió una oportunidad para pensar alternativas de desarrollo capaces de ir modificando aquéllas estructuras que nos llevaron al abismo. Sin embargo, el contexto de altos precios internacionales de los principales commodities, profundizó el modelo extractivista exportador a nivel nacional y regional; sus principales beneficiarios y protagonistas lograron expandieron y consolidaron su participación en el entramado económico, político y social en todo el territorio. Fortaleciendo incluso su representación política a partir del recambio presidencial con el actual gobierno.

De allí que en esta primera década surgieron una serie de conflictos ambientales con características particulares, con alcance nacional a partir de su fuerte arraigo y extensión local y la dureza de sus reclamos, que van al hueso del modelo vigente. En ese nuevo marco que podríamos decir que inició con el conflicto con Uruguay por las papeleras, se dieron las leyes de protección del bosque nativo, la ley de glaciares, las que restringen o prohíben la megaminería en distintas provincias, las ordenanzas que establecen límites a la fumigación aérea y terrestre con agrotóxicos, las prohibiciones al uso del glifosato, o contra el fracking, entre tantas otras.

Normas que se vienen sancionando “de abajo hacia arriba”, que intentan llevar a la práctica, instrumentar esos principios que rigen nuestra política ambiental. Normas que se presentan como conquistas, que se logran de la mano de procesos de movilización iniciados por sectores perjudicados por este modelo, con sus límites y contradicciones, que se instalan en los distintos ámbitos de decisión, a veces con representación política propia y en la mayoría de los casos no.

Es importante reconocer estos procesos, entender su origen indefectiblemente conflictivo, aún con las dificultades que eso implica, reconocer su alcance en vistas a la posibilidad y necesidad de cambiar este modelo para pocos. Un desafío no menor para todo nuevo proyecto político que quiera construir un país mejor.

Silvia Ferreyra
Directora del area de RRNN del ISEPCI.