En busca de justicia para Bariloche

FUERTE RESPALDO DE DIPUTADOS A LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE LA REPRESION
En busca de justicia para Bariloche

 

Todos los bloques de las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de la Cámara baja recibieron a familiares de los muertos en Río Negro. Hubo críticas duras al gobernador. Legisladores y organismos de DD.HH. irán a Bariloche a respaldar la investigación.

Por Carlos Rodríguez en Página 12

Las familias de las tres personas que fueron asesinadas en Bariloche durante la jornada del 17 de junio pasado recibieron ayer un fuerte respaldo institucional de parte de todos los bloques que integran las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. En una reunión que se hizo en el segundo piso del edificio anexo al Congreso nacional, los legisladores de todos los bloques resolvieron que el 17 de agosto, una vez finalizada la feria judicial de invierno, se constituirán en Bariloche, junto con representantes de organismos de derechos humanos y el defensor del Pueblo de la Nación, para respaldar la investigación y el juicio a los responsables de los asesinatos de Diego Bonnefoi (15), Nicolás Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29). Al mismo tiempo, luego de escuchar durísimas críticas al gobernador de Río Negro, el radical Miguel Saiz, los diputados resolvieron impulsar un proyecto de resolución para pedirle al mandatario provincial que aparte de sus cargos a todos los funcionarios del área de seguridad hasta tanto se establezca quiénes fueron los responsables de lo ocurrido.

El abogado Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presente en el encuentro, sostuvo que los sucesos de Bariloche “no deben ser analizados como casos aislados y excepcionales, sino como hechos que se entroncan con una serie de antecedentes graves que deben ser tomados en cuenta”. En un informe, el CELS señaló que la violencia policial tiene relación “con una delegación de la seguridad en la policía, que en este caso es explícita: el actual secretario de Seguridad del Ministerio de Gobierno (a cargo de Diego Larreguy) es el comisario Víctor Cufré, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de la Policía de Río Negro, sobre quien pesan denuncias por corrupción y trata de personas”.

En la reunión hicieron un resumen de lo sucedido Carmen y Juan Carlos Curaqueo, madre y tío de Nicolás Carrasco, y Karina Riquelme, esposa de Cárdenas, quien viajó a Buenos Aires con sus dos hijos, Agustín y Mía, de 5 y 1 año. Los familiares fueron acompañados por sus abogados, Lucrecia Ranzini, de ATE Bariloche, y Rubén Marigo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). También habló ante los legisladores el joven Mario Cayún, a quien la policía golpeó hasta quebrarle el brazo izquierdo. Cayún relató su odisea –ya publicada por Página/12– y le agregó un detalle: “Soy hijo de policía”, dijo. Además de la golpiza recibida, en la comisaría segunda del Centro Cívico amenazaban con matarlo y tirar su cuerpo en algún lugar apartado. “Los policías se reían todo el tiempo y uno de ellos me ‘defendió’ diciéndoles a sus colegas: ‘¿A vos te gustaría, como policía, que otro policía mate a tu hijo?’”.

La audiencia fue presidida por las legisladoras Victoria Donda y Griselda Baldata, titulares de las comisiones de DD.HH. y Seguridad Interior, respectivamente. Estuvieron presentes los diputados Felipe Solá, Claudio Lozano, Ricardo Gil Lavedra, Ricardo Alfonsín, Juan Carlos Dante Gullo, Fernanda Gil Lozano y Jorge Daniel Cardelli, entre otros. También asistieron el pastor Aldo Etchegoyen, de la APDH; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella; el jurista y ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian; la psicóloga Karina Dolores Almirón, de la Conis (Comisión Nacional contra la Impunidad), y Diana Kordon, del Eatip (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial).

Además de los familiares de los casos de Bariloche, hablaron parientes de jóvenes asesinados en la provincia de Buenos Aires, cuyos casos todavía no han sido llevados a juicio. Hubo duras críticas al gobierno bonaerense actual y a los anteriores. El ex mandatario provincial Felipe Solá intentó una defensa de su gestión y debió soportar, como la mayoría de los presentes, reproches por “la falta de compromiso de los funcionarios con los problemas que afrontan los pobres para que se haga justicia cuando le matan a un ser querido”. Donda y Baldata dijeron a los familiares que las dos comisiones “están abiertas a llevar adelante sus reclamos”.

 

 


Diputados recibieron a víctimas de jóvenes asesinados en Bariloche
 

Familiares y abogados de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas estuvieron ante legisladores de diferentes bancadas y coincidieron en manifestar su "preocupación por la impunidad de la policía provincial” de Río Negro.

Buenos Aires - Las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados recibieron los testimonios de familiares de los dos jóvenes asesinados el pasado 17 de junio en Bariloche, cuando participaban de las manifestaciones por la muerte de Diego Bonefoi, baleado por un policía.

Familiares y abogados de Nicolás Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29) estuvieron ante legisladores de diferentes bancadas y coincidieron en manifestar su "preocupación por la impunidad de la policía provincial".

Según relató Juan Carlos Curaqueo, tío de Carrasco y delegado de ATE Bariloche, "ambos murieron a escopetazos a pocas cuadras de distancia uno de otro y en cercanías del lugar donde fue asesinado Bonefoi".

Explicó que "estaba en su casa y decidió ir al supermercado y a pagar unas facturas que se vencían, en el camino decidió entrar al baño del Shopping y allí quedó en medio del tiroteo".

Por su parte, la viuda de Cárdenas, Karina Riquelme, dijo que "a Sergio le dieron un disparo por la espalda cuando me había acompañado hasta lo de mi hermana, porque yo iba a dejar a mi hija allí, para llevar a mi otro hijo a Básquet".

Las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, Victoria Donda (Liberes del Sur), y de Seguridad Interior, Griselda Baldatta (Coalición Cívica), recepcionaron los testimonios y también escucharon a integrantes de organizaciones de víctimas de la represión policial.

Los integrantes de las comisiones llegaron a un principio de acuerdo para constituirse en Bariloche en la primera o la segunda semana de agosto y en avanzar en la formación de una comisión bicameral sobre el seguimiento de las actividades de Seguridad Interior. (TELAM).-


 


 
Familiares de víctimas de la represión policial estuvieron en Diputados

 

Las Comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación se reunieron este miércoles en el marco del Acuerdo por una Seguridad Democrática (acuerdo multisectorial que suma la adhesión de numerosos políticos, académicos y organizaciones sociales) con el fin de escuchar a víctimas y familiares de las víctimas de la represión policial que asesinó a tres personas en la ciudad de Bariloche el mes pasado.

En la reunión se escuchó el testimonio del Nicolás Carrasco (16) quien, además de contar la odisea por la que pasó al perder a su familiar afirmó que los familiares de las víctimas d se sentían “absolutamente solos, salvo por la multisectorial que nos acompañó, nadie más se nos acercó, ni autoridades ni funcionarios”. También contó el dolor con el que vivieron la reunión con el gobernador de la provincia Miguel Saiz quien les dijo que él “no tenía las manos manchadas de sangre” y que, según él, “se sonreía, parecía que se burlaba de nosotros”.

La mamá de Nicolás también aportó su conmovedor testimonio sobre los últimos momentos de su hijo, comentó que hablando sobre la muerte de Diego Bonefoi (de 15 años, asesinado con un disparo en la nuca por la policía) el comentario de su hijo había sido “no importa lo que haya hecho: nadie se merece que lo maten de esa manera” y que cuando se enteró de que su Nicolás había sido baleado no había entendido la gravedad del hecho porque pensaba que la policía utilizaba balas de goma “no pensé que eran balas de verdad, una no piensa que a tu chico lo van a lastimar así”.

Por su parte Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas (29), relató que su marido fue asesinado luego de ayudar a un chico que había quedado atrapado en los disturbios y terminó diciendo “para mí se terminó todo, me quedé con dos bebés de 1 y 5 años a los que les tuve que explicar que su papá se fue al cielo”.

También habló Sergio Cayún, que relató que fue sometido a una brutal golpiza por parte de efectivos policiales cuando iba camino a un centro comercial. Contó que luego de ser trasladado a la Comisaría 2º de Bariloche y un médico constatara que le habían fracturado un brazo y que debía ser intervenido quirúrgicamente fue llevado a la comisaría 27º donde amenazaron con matarlo, nuevamente a la comisaría 2º y, después de varias horas, y por la intervención de la APDH (Asociación Permanente por los Derechos Humanos) liberado.

La sesión contó también con el testimonio de representantes de organizaciones sociales como la Asociación Permanente por los Derechos Humanos Bariloche quienes se manifestaron preocupados por el apartamiento del juez Lozada de la causa y que recordaron que todas las víctimas “fueron matados por la espalda”, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Memoria Lucha contra la Impunidad.

Ante estas declaraciones y en una sala sacudida los diputados presentes manifestaron su apoyo y voluntad política de intervenir dentro de sus posibilidades acompañando el pedido de justicia de las víctimas.

Tras una exaltada intervención de Rubén Carballo (presidente de la Comisión Nacional de Investigación y Seguridad de Padres y Familiares), cuyo hijo apareció golpeado en las inmediaciones del Club Vélez Sarfield tras el recital de Viejas Locas del 14 de noviembre de 2009, que exigió justicia rápida y dijo que los políticos “no se dan cuenta, viven en su mundo y a nosotros todos los días nos matan a nuestros hijos” y de varios integrantes de la CONIS cuyos hijos habían sido asesinados en la provincia de Buenos Aires el diputado Felipe Solá (Peronismo Federal) defendió su gestión como gobernador de la misma “con Arslanian hicimos lo que pudimos para que me llegaran los pedidos a mí directamente”, agregó que le sorprendía la poca contención que tenían los familiares de las víctimas y aclaró que existían en la provincia “hasta que Sciolli las sacó, leyes que nos permitían sacar a los policías sin juicio por dictamen interno”. Más tarde se acercó a los familiares con quienes asumió un compromiso personal de ayudarlos a esclarecer los crímenes por los que pedían.

El diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra recordó que como legisladores no tienen la capacidad de remover a funcionarios de su cargo pero sí realizar expresiones políticas “sumarnos a su reclamo, desde el Congreso exigir justicia es lo mínimo que podemos hacer” y su compañero y jefe de bancada, el diputado Ricardo Alfonsín, agregó, sobre la inseguridad que le “fastidiaba” la “demagogia y superficialidad con el que se trata el tema de la inseguridad. Parece que el problema es que la policía viene perdiendo poder” y lamentó que algunos dirigentes políticos, cuyos nombres se negó a dar, se perdieran el trabajo de la comisión y afirmó que “si estuvieran presentes aquí no podrían incurrir en esa demagogia ni esa simplificación”. También afirmó que no es sólo la impunidad con la que trabaja la policía el problema, sino las personas que acceden a la fuerza “que si les dan impunidad son capaces de asesinar, el problema es también de organización de la policía”.

La diputada Liliana Parada de Proyecto Sur dijo, en nombre de su bloque, que no iban a apoyar políticas de seguridad represiva y aseguró que iban a investigar “causa por causa”.

Para finalizar la reunión las presidentas de las comisiones, diputadas Victoria Donda (Libres del Sur) y Griselda Baldatta (Coalición Cívica), propusieron como pasos a seguir por la Comisión: presentarse en Bariloche, presentar un proyecto firmado por la mayor cantidad de bloques posible pidiéndole al gobernador de la provincia que se aparte del cargo a los funcionarios que tenían la responsabilidad política de la seguridad hasta que la investigación judicial esté cerrada y proponer la conformación de una comisión bicameral de fiscalización de la actividad de seguridad interior.

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