"Distribuimos pobreza entre pobres"
REPORTAJE A EUGENIO SEMINO
"Distribuimos pobreza entre pobres"
Ombudsman de la Tercera Edad, lamenta que los jubilados estén financiando con su dinero políticas públicas que amenazan con licuar el capital del sistema de seguridad social. Advierte que hace diez años el 17 por ciento ganaba la jubilación mínima –”con la que no se puede vivir”–, y hoy la proporción es del 76 por ciento.
Por Magdalena Ruiz Guiñazú
Mirada. "Hay una preconfiguración de vejez como enfermedad y como pobreza. Cuando uno llega a viejo tiene que acostumbrarse a ser pobre o estar enfermo. Deberíamos tener derecho a un jubileo, no a una jubilopatía."
Descapitalización del Fondo de Garantía de la Anses?
El ombudsman de la Tercera Edad es un hombre con una fuerte trayectoria. En efecto, después de la dictadura, el doctor Eugenio Semino tuvo a su cargo la Dirección General de Discapacidad y Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, a principios de los 90, dirigió la Controladuría General Comunal junto al entonces Defensor del Pueblo, el escribano Antonio Carcañá. El doctor Semino es abogado, gerontólogo y doctor en Criminología.
—Me ocupaba de adultos mayores desde la cuestión social –explica–. Hoy, la geriatría trabaja desde la cuestión médica. Yo hice el doctorado en Madrid puesto que (aunque le cueste creerlo) la Universidad de Buenos Aires no tiene formación en Geriatría
—¿Por qué? —nos sorprendemos.
—Solemos decir que “a menos médicos, menos medicamentos”, y resulta que es más negocio el medicamento. Es decir, uno ve a mayores en su casa, la polimedicación es algo absolutamente frecuente y, desde el punto del organismo, no es gratuita. En el área de atención sanitaria lo que hay para el adulto mayor es una atención que debería ser mucho más integral. Por ejemplo, cuando hablamos de un modelo de atención primaria estaríamos refiriéndonos a la necesidad de un equipo de salud. Entre nosotros hay un sistema médico-hegemónico que obliga al médico a resolverlo todo y termina condenándolo (cuando el paciente no avanza) como el hacedor de todos los males. Lo que ocurre a veces con el paciente añoso es que muchas de sus enfermedades no tienen cura. Lo que necesitan son cuidados, lo cual es bastante diferente. Muchas de las patologías son crónicas. En cuanto a la atención primaria, los modelos sociosanitarios tienen que contemplar una cantidad de cuestiones que exceden (en un sentido estricto) al médico. Me refiero a situaciones que tienen que ver con lo social y no con el medicamento, salvo en el momento en que ese medicamento resulte indispensable. Hoy en este tema existe un verdadero abuso. Aun cuando, en el tema psicofármacos, muchas veces la problemática relacionada con la depresión es absolutamente tratable a partir de la actividad o de los proyectos de vida. De fomentar el deseo.
—¿Ganas de vivir?
—Exactamente. Hay una cosa que se niega en esta sociedad, y es que nosotros tenemos la edad de nuestros proyectos. El envejecimiento tiene una característica social y subjetiva. Depende en gran parte de nosotros mismos, de nuestro medio social y familiar…
—También del carácter de cada uno, ¿no es cierto?
—Desde ya. Hay gente que es deprimida desde siempre. Se puede ser viejo a los treinta y joven a los ochenta. Pero hay algo que está estrictamente relacionado con los recursos y la seguridad social. Le explico: desde el punto de vista productivo hay una etapa en la que nosotros dejamos de “servir” socialmente. Y esto es algo decisivo, porque no sólo se jubila a un individuo de sus actividades sino que se lo jubila de la vida.
—En una palabra, dejamos de interesar…
—Así es.
—…Por eso es tan grave el tema del dinero de los jubilados. ¿Es cierto, doctor, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) no alcanza a cubrir los pagos de jubilaciones y pensiones de un año calendario?
—Así se supone. ¿Por qué digo que se supone? Pues simplemente porque no hay números claros en este sentido. Sabemos que hay grandes erogaciones. Que hay una cantidad enorme de juicios (más de 500 mil) que no están cuantificados. Es decir, no sabemos cuánto le va a costar al Estado a futuro. Hay una vieja costumbre argentina de todos los gobiernos y es que, como los juicios duran más que los períodos gubernamentales, en definitiva será otro quien los pague.
—Hemos visto en distintos programas de televisión las montañas de expedientes que incluso, si no recuerdo mal, provocaron un hundimiento de techos en un juzgado de la calle Cerrito.
—Ocurrió en varios juzgados, porque no soportaban el peso de los expedientes. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué se llega a esto? ¿Por qué tantos años (veinte, treinta, cincuenta) de echar mano de la seguridad social? Lo que vemos que se está haciendo con la Anses es lo que se hizo históricamente con las cajas de jubilaciones. Todos los gobiernos iban y tomaban plata fresca de las cajas de jubilaciones. Llegó un día en el que exclamaron, como dijo Cavallo: “Oh, no hay más plata”. Entonces, Cavallo decidió privatizar el sistema. No dijo “no hay que robar” o “no hay que utilizar la plata para otra cosa”. Dio, en cambio, la solución final (entre comillas). Resulta, entonces, que en muchos segmentos de nuestra historia no se notó ese saqueo porque había pocos viejos. Hoy día somos como las cucarachas: ¡nos acostumbramos a todos los venenos! A todos los ministros de Economía. Y seguimos generando expectativas de vida, vivimos más. Pero ahora esta pirámide envejeció. No hay pleno empleo. Ese sueño se extinguió en el mundo. Hoy tenemos una cuota de desempleo; una cuota importante de subempleo (es decir, empleo negro) y, en conclusión, el dinero no alcanza y los desfasajes comienzan a notarse cada vez más. Pero no es solamente esto: a pesar de que no alcanza, cada vez se va sacando más de estos fondos. Y la disputa no es solamente económica, sino simbólica. Hay una preconfiguración de vejez como enfermedad y como pobreza. Cuando uno llegue a viejo tiene que acostumbrarse a ser pobre. O, simplemente, va a estar enfermo porque sí, nomás. En realidad esto no tiene que ver con la vida misma. Tampoco tiene que ver con el siglo XXI. Vivimos más y, por lo tanto, debemos tener más calidad de vida en términos del momento en el que dejamos nuestra actividad. Cuando dejamos ciertos compromisos (desde lo familiar, como crianza de los hijos) deberíamos tener derecho a un jubileo. No a una jubilopatía. Entonces, después de Cavallo, después de esa “solución final” que se llevó la plata a paraísos fiscales y demás, cuando se reestatiza el sistema, lo que vemos es que esos fondos volvieron. Y nos pareció bien porque suponíamos que iban a ser parte de su distribución dentro del sistema jubilatorio. Lo que vemos, en cambio, es que hay comportamientos que reiteran los viejos vicios de todos los gobiernos que acudieron a esos fondos para financiar otras cuestiones (más o menos altruistas) del Estado.
—¿Cuántos jubilados reciben el mínimo?
—Más de cuatro millones de jubilados ganan 1.680 pesos. Nadie puede suponer que con eso se puede vivir. Por lo cual, las explicaciones de Cavallo, Menem, De la Rúa… bueno, pero lo cierto es que hoy esa persona está condenada a la pobreza.
—¿Es correcta la información de que este 2012 quedaremos $ 18.568 millones por debajo del monto necesario para cumplir con jubilaciones y pensiones?
—Esto es lo que se estima e, insisto, sin saber todavía cuánto nos van a costar los juicios. Le explico, el tema es así: en 2007, previo a la reestatización de los fondos que se hizo en 2008, el Poder Ejecutivo dicta un decreto (el Nº 897) que, en su artículo 6, dice que se crea un Fondo de Garantía o Sustentabilidad para cuando el sistema tenga algún problema coyuntural, por ejemplo, de baja recaudación.
—¿Era una reserva?
—Sí. Y esa reserva tenía que ser equivalente a la erogación anual. Es decir, a lo que el sistema paga en beneficios, jubilaciones y pensiones durante todo un año. En 2008 se dicta entonces la Ley 26.425, que es la que crea el sistema integrado de previsión argentino: el SIPA. Este sistema deroga el articulo 6º del Decreto 897 del año anterior, que ponía un tope al Fondo de Garantía equivalente a la erogación anual del sistema, y crea entonces ahora un “sistema de reparto asistido con capitalización de reservas”. Esto quiere decir que el dinero que iba a entrar al sistema se repartiría entre aquéllos que tuvieran el derecho de recibirlo dentro de ese mismo esquema. Es decir, los jubilados que existían hasta ese momento y los que luego accederían en el futuro a la jubilación. Ahí se perdió el tema del tope en términos de acumulación. Y esto es fundamental porque, si uno no sabe cuál es el tope, tampoco sabe cuál es el excedente.
—Disculpe mi ignorancia, doctor, pero ¿es cierto que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses estuvo dando préstamos a empresas a tasas inferiores a la inflación real? Por ejemplo, ¿se tomaron de allí los 600 millones para la provincia de Buenos Aires?
—Así es. Y, en ese sentido, no sabemos si se sacó de lo que era reserva para pagar beneficios o si se sacó del excedente. El Gobierno dice a través de un joven ministro: “Esto es de todos y es reaccionario plantear que es de algunos”, etc. En realidad, lo que se había hecho en 2006 (sacar el tope) genera esa indefinición para que la interpretación sea libre. En definitiva, esto significa habilitar “como se quiera” el uso del recurso. Fíjese que incluso lo dice la presidenta de la Nación cuando se le da este préstamo a la provincia de Buenos Aires. No sólo el préstamo de 600 millones, sino que, a su vez, se emitieron letras. Es decir, un préstamo en letras a la Provincia por casi 900 millones de pesos. Por lo menos así fue anunciado. La Presidenta dice: “Esta es plata de trabajadores para trabajadores”. Pero esto llama un poco la atención porque, si bien los trabajadores activos de la provincia de Buenos Aires necesitan cobrar su aguinaldo, también lo necesitan los trabajadores que dejaron la actividad y que son los jubilados. Yo me pregunto entonces, ¿cuándo van a decir: es plata de la renta financiera o es plata de la transferencia de capitales? ¿Es plata de afuera del sistema que viene al sistema? Si no, distribuimos pobreza entre los pobres. ¿Es decir que la famosa redistribución de la riqueza y demás es sólo un enunciado?
—¿Cómo se explica, doctor, que el crédito de 600 millones para la provincia de Buenos Aires se otorgó a una tasa del 16,4% anual contra una inflación prevista del 24%?
—Este es otro absurdo: propios y ajenos al Gobierno calculan la inflación en ese porcentaje del 24%, y en general los programas que hemos conocido (tanto en los préstamos como en el programa Procrear) hablan, en esos casos, de tasas del 2 al 14%. Entonces, en cualquier circunstancia, al estar por debajo de la inflación real, lo que estamos haciendo es licuar el capital del sistema. Además, no se prioriza lo que corresponde al propio jubilado, que es a quien se le está debiendo. Fíjese: hace diez años un 17% ganaba la mínima. Hoy, un 76% gana la mínima. Nos dicen que, por vía de moratoria, han ingresado más de dos millones de personas. Y esto está muy bien. Me parece una buena medida. Pero tiene que financiarla el Estado desde otro lado porque, si no, al que ingresó está financiándolo el jubilado que ya estaba en el sistema. Algunas provincias, Córdoba por ejemplo, hablan de ir a la Corte Suprema, porque se le debe más de mil millones de pesos al Instituto.
—¿Cómo es eso?
—En 1993, cuando se privatiza el sistema, algunas provincias dicen: “Yo no cedo mi Instituto Provisional. Me quedo con él”. Estas provincias son, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz y algunas otras. ¿Qué hace entonces Domingo Cavallo? “Para eso –les dice–, para quedarse con su Instituto de Previsión, van a tener que ceder parte de la coparticipación. Y la Anses les va a reintegrar los déficits que tenga el Instituto Provincial”.
—¿Y eso ocurrió?
—Cavallo añadió un párrafo diciendo: “… siempre y cuando armonicen sus regímenes provinciales con el régimen nacional”. ¿Qué quiere decir esto de “armonicen”? También el actual gobierno toma esta palabra como propia… Esos Institutos provinciales tienen reconocido el 82% móvil a sus jubilados, y para “armonizar” con el sistema nacional tienen entonces que salir de su 82% y pagar el 40% o el 50%, que es lo que está ganando el jubilado a nivel nacional con respecto al que estaba en actividad. Es decir que tienen que hacer un “recorte” de jubilaciones. Y esto no lo quieren hacer. El Estado nacional (tomándose de la palabra “armonizar” empleada por Cavallo) decide: “Bueno, yo no les mando nada porque ustedes no ‘armonizan’ con el 40% o el 50% que están ganando los jubilados nacionales”. Y esta disputa, –termina diciendo el doctor Semino– degrada todo el sistema. Los Institutos Provinciales, sin el auxilio de la Anses, no pueden subsistir.
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