Catamarca ‘Minera-lizada’: la represión como ‘política de Estado’ y la rearticulación de un nuevo régimen de violencia colonial

Por Horacio Machado Aráoz (Colectivo Sumaj Kawsay – Asanoa Catamarca – UAC – Universidad Nacional de Catamarca)

 “La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el ‘estado de excepción’ en el que vivimos”. (Walter Benjamin, “Conceptos de Filosofía de la Historia”, 1959)

A apenas siete meses de su asunción, las esperanzas de distinto tenor que el nuevo gobierno ‘justicialista’ en la Provincia había despertado sobre un anhelado cambio en la política minera han sido completamente aniquiladas.  Por la fuerza de los hechos, aquellas expectativas dan la impresión de ser parte ya de un pasado remoto; hasta parecen nunca haber traspasado las fronteras de la pura ficción política. Es que, en lugar del diálogo con los movimientos sociales y de las promesas de “no permitir el saqueo”, el gobierno de la médica Lucía Corpacci se muestra empeñada en sostener a rajatabla el modelo de minería transnacional a gran escala. Así, lleva el triste récord de seis represiones en tan sólo siete meses.Aceleradamente, la nueva gestión trocó las ilusiones en frustraciones. Y no sólo eso: parece decidida a consolidar un implacable régimen de autoritarismo e intolerancia represiva en la materia.

Como no puede ser de otro modo, la persistencia en el mismo rumbo provoca la  generalización e intensificación de la violencia. Más allá de todas las ‘condenas’ hipócritas o ya directamente cínicas a la ‘violencia’, más allá de declaraciones ‘políticamente correctas’ de funcionarios y medios masivos de comunicación haciendo llamados vacíos al ‘diálogo’, los canales de la resolución democrática del conflicto son minados desde el poder, toda vez que parten de la descalificación absoluta a los interlocutores ‘ambientalistas’ y del presupuesto intransigente e innegociable de que la minería se hace ‘sí o sí’. En ese marco, la violencia se encarna como un rasgo estructural de nuestra sociedad local; una sociedad -hay que admitirlo- sometida a un brutal colonialismo histórico que, por supuesto, no es reciente.

En sus reflexiones sobre el fenómeno (“Los condenados de la Tierra”, 1961), hace unos cincuenta años atrás, Franz Fanon advertía  que la violencia impregna característicamente los entornos coloniales. Tal como lo estamos viendo y sufriendo en nuestra Catamarca y en Nuestra América toda, la violencia se vuelve un elemento endémico de las sociedades sometidas a coloniaje; afecta a todos los sujetos y a todas las dimensiones de la vida… Pero no hay que perder de vista quiénes son, en realidad, los auténticos productores de esa violencia. Es que violento no es cualquiera, ni que se lo proponga. La violencia originaria sólo surge de y desde el lugar del poder. Los violentos de verdad no son ‘los que quieren’, sino los que pueden serlo; es decir, los que tienen el control sobre los recursos y medios de violencia; la capacidad objetiva y estructural para ejercerla.

Tal el caso de las nuevas autoridades del gobierno provincial. A ellas, y a sus aliados desde las estructuras del poder fáctico (las corporaciones mineras y las fracciones de la burguesía local subordinadas, la jerarquía eclesiástica y la dirigencia ‘intelectual’ institucionalizada y los dueños locales del poder mediático), les cabe la responsabilidad originaria sobre esta escalada de violencia manifiesta que se viene instalando como ‘rutina’ en la cotidianeidad de la vida de los habitantes de estas tierras.

A no dudar, la responsabilidad central recae sobre las autoridades electas del Ejecutivo provincial. Es que de allí nace –con todo el respaldo del gobierno nacional- la decisión política fundamental de sostener a toda costa el ‘modelo minero’. Y esto, de por sí, intensifica la conflictividad estructural. Tal como puede verse  en todo paisaje sujeto a este tipo de explotaciones, como se reproduce miméticamente en otras geografías locales de nuestra América Latina (en Espinar, en Cajamarca, ahora en Perú; en San Luis Potosí en México; en Cotacachi, la cordillera del Cóndor y la provincia de Azuay, en Ecuador; en el Valle de Siria y el Copán, en Honduras; en la región de San Marcos, Guatemala, y El Dorado, en El Salvador), la porfiada insistencia de los gobiernos en avalar la minería transnacional a gran escala, conduce, tarde o temprano, a los mismos escenarios de represión manifiesta, violación sistemática de derechos humanos, secuestro literal de las aspiraciones democráticas y de los más elementales componentes del Estado de Derecho.

Al insistir en el mismo rumbo de extractivismo neocolonial, el nuevo gobierno de Catamarca parece decidido a extremar, como política, la depredación de derechos. Hay sí, en este nivel, un peligroso cambio en las estrategias y tácticas de la política represiva. En pos de aplastar la resistencia social a la minería transnacional, el gobierno provincial ha venido desarrollando un proceso de intensificación y diversificación de la violencia que ha terminado desembocando en la conformación de un nuevo régimen represivo.

Elementos del nuevo estado represivo

Contraviniendo ‘ilusiones’ de propios y extraños, el kirchnerismo catamarqueño asumió como eje de su gobierno la defensa de los intereses de la minería transnacional implantada en los ’90, en tiempos de  de neoliberalismo furioso. Una vez en el poder, abandonó impúdicamente las oportunistas críticas que desde la oposición profería a los entonces regentes del Frente Cívico y Social. Pero no sólo eso. En poco tiempo terminó por diseñar y plasmar en  los hechos un nuevo formato represivo para afrontar la resistencia social que, al cabo de quince años de trágica experiencia de Minera Alumbrera, se fue gestando tanto en el interior de la provincia como en el resto del territorio nacional amenazado por el mismo flagelo.

Sin siquiera haber intentado avanzar en la construcción de una estrategia de diálogo, tal como lo había prometido en su campaña pre-electoral, el gobierno de Lucía Corpacci enfrentó como a sus principales enemigos a los colectivos de vecinos movilizados en contra de las explotaciones mineras. Ante las primeras manifestaciones de protesta, el gobierno provincial fue ensayando distintas medidas, entre propagandísticas, disuasorias y lisa y llanamente represivas, que terminaron de plasmarse en lo que ahora asoma como un nuevo régimen gubernamental minero. Hoy, a siete meses de ‘gestión minera’, los rasgos constitutivos de ese nuevo régimen están a la vista. Hagamos un repaso muy esquemático de los elementos y momentos de este proceso.

-  Primero. El pacto gubernamental-corporativo. Se completa y perfecciona el proceso de colonización del aparato estatal por parte de los intereses minero-corporativos. El nombramiento de un histórico empleado de staff de Minera Alumbrera al frente de la secretaría provincial de minería y la tan promocionada creación de una nueva empresa estatal minera sellan simbólicamente este nuevo momento de la gobernanza colonial.

El gobierno procura un pacto con las transnacionales mineras por el que el asume la tarea sucia de garantizar a toda costa la viabilidad de las explotaciones a cambio –otra vez- de casi nada: unos pocos ‘nuevos’ puestos de trabajo ‘locales’, la renovación del improbable compromiso empresarial de incrementar sus compras ‘locales’ y ‘alentar’ el ‘desarrollo de proveedores locales’, más la promesa de engrosar los recursos del ítem de ‘responsabilidad social empresaria’ de sus costos operativos. Tras ‘reclamos’ entre infantiles e ingenuos, tales como ‘que las mineras abran sus oficinas en la provincia, contraten abogados y contadores catamarqueños, aumenten la mano de obra local’, etc., el gobierno provincial ha buscado presentarse a la sociedad como ‘más exigente’ frente a las mineras a fin de, en contrapartida, legitimar su apoyo oficial a la actividad.

Las ‘exigencias’ que el gobierno plantea a las mineras implican, en realidad, un acta de capitulación frente a los intereses ya consolidados de las corporaciones. Pues, de hecho, suponen el renunciamiento del gobierno de la provincia, no digamos ya a modificar la matriz de esta economía de enclave, sino hasta de buscar reducir la vergonzosa ecuación fiscal y de reparto de costos y ganancias impuesta por el régimen ‘legal’ minero de los ’90. Muchos de los principales referentes del actual oficialismo, que en tiempos de ‘oposición’ presentaron proyectos de leyes reclamando la des-adhesión de la provincia a la Ley de Promoción de Inversiones Mineras (Ley N° 24.196) y sus correlativas, modificación del régimen de regalías, hoy se asumen como resignados defensores de las ‘reglas de juego’ instaladas en tiempos de vorágine neoliberal. Así, la aspiración más ambiciosa del gobierno en la materia se restringe a incrementar la tajada de la renta minera a través de la creación de una empresa estatal, dirigida supuestamente a asegurar que la Provincia participe de un porcentaje de las utilidades empresariales, un esquema ya aplicado en el caso de Alumbrera a través de YMAD.

Lo que podemos esperar de este ‘gran cambio’ es, en realidad, bastante gris-oscuro: a contrapartida de un ‘incremento’ en la porción de la renta minera por parte del Estado provincial (que puede traducirse en ‘obras’, en aumento de la corrupción, el clientelismo y/o el enriquecimiento de los contratistas del Estado), se consolida la asociación estratégica entre los ocupantesdel aparato estatal y las transnacionales, que –por el control tecnológico, financiero y comercial que ejercen sobre el ‘negocio minero’- se afianzan como el protagonista central y excluyente de los procesos económicos –y por ende, políticos y culturales- de la Provincia en general.

Avanzados en este modelo de ‘asociación estratégica’, ir contra las empresas mineras, será ir contra los intereses mismos del ‘Estado provincial’. Tal como se viene perfilando ya de hace tiempo en la retórica gubernamental, la minería (es decir, los intereses de las grandes corporaciones mineras) se instituyen como ‘oficialidad’; una ‘política de Estado’ que se pretende y se presume por encima de todo cuestionamiento de la ciudadanía, al margen mismo de la voluntad popular.

-  Segundo: el aparato de propaganda minera. Otro elemento fundamental a través del cual el nuevo gobierno avanza en la conformación del nuevo régimen minero tiene que ver con los intentos de apropiación monopólica del espacio semiótico de lo público y su instalación de la ‘minería’ como rasgo y símbolo central de la ‘identidad catamarqueña’. Si bien esto es parte de un ‘esfuerzo’ que se inició ya con el gobierno anterior del Frente Cívico, el cambio en la intensidad y la masividad de las ‘campañas de comunicación’ impulsadas por la nueva gestión dan cuenta de un salto cualitativo en la materia.

Asistimos en los últimos meses a una intensa arremetida propagandística dirigida a instalar la sensación política de la incuestionabilidad del ‘modelo minero’. Emulando en lo grotesco las prácticas del trágicamente célebre ministro de Educación Popular y Propaganda del régimen nazi, y pionero moderno de la guerra ideológica, el nuevo gobierno provincial han puesto un denodado esfuerzo en montar un aparato goebbelsiano de ‘apoyo a la minería’.

Con la decidida colaboración estratégica de las empresas ‘periodísticas’ locales (de las que nos ocupamos más adelante) el gobierno ha erosionado gravemente las condiciones de posibilidad del debate político, adoptando monolíticamente la propaganda como único recurso y modalidad comunicacional[1]. La propaganda desplaza y reprime el debate. Instala una base de violencia simbólica en todo proceso comunicacional que suprime cualquier posibilidad de diálogo. Ante la propaganda, no hay lugar para la argumentación.  Y en tal dirección ha avanzado este gobierno: ha procurado imponer a sangre y fuego del sello ‘Catamarca minera’ por todos los medios; generando un clima de asfixia y hasta de persecución ideológica. No ha escatimado recursos ni se ha detenido por ningún tipo de ‘pruritos’ éticos. El aparato propagandístico montado en la reciente Fiesta Nacional del Poncho es una muestra ejemplar del nivel de violencia simbólica ejercido, en este sentido, desde el discurso oficial. Una radio permanente, los stands oficiales y la folletería con la acostumbrada estética de ostentación, todos, con un mensaje monolítico que se repite hasta el hartazgo: “Catamarca Minera”. Y al nuevo  eslogan ‘identitario’, como haciendo una profesión de fe ideológica, se sumaban los latiguillos ya archi-conocidos: “Minería participativa, transparente y sustentable”, podía leerse en carteles y folletos… Como diría Eduardo Galeano, “dime de qué alardeas y te diré de qué careces”…

La afirmación del absurdo, la aseveración de lo propiamente ilógico, parecen recursos característicos de una modalidad propagandística directamente enfocada a instalar un régimen de dogma… No hay allí lugar para el debate, el disenso, ni la comunicación democrática; no hay posibilidad de argumentación, ni ya de enunciación de las opiniones en contrario. Lo diferente es, a priori e ipso facto, descalificado. Tal, el modus operandi y la lógica de la propaganda como comunicación política; tal, el efecto de la violencia simbólica: la instalación de un escenario semiótico radicalmente autocrático e intolerante que constituye la antesala legitimatoria de toda práctica represiva posterior.

-    Tercero. El poder de fuego mediático. Otro de los elementos claves que convergen en la intensificación del entorno autoritario emergente es el papel que vienen desempeñando los que detentan el cuasi-monopolio local de la comunicación masiva. Se trata de uno de los lugares de poder clave vienen ejerciendo una forma de violencia sutil y pretendidamente desapercibida, a través de su ‘cobertura’ de la conflictividad social en torno a las mega-explotaciones de la minería transnacional. Las empresas periodísticas locales  se han constituido, hoy por hoy, en un medio de producción de violencia simbólica que ha venido a desempeñar un papel cada vez más preponderante en la constitución del nuevo régimen minero.

En sus crónicas y en sus líneas editoriales en general, los principales diarios y radios comerciales de Catamarca vienen ejerciendo sistemática y crecientemente un inusitado nivel de violencia que exacerba los más profundos reflejos de autoritarismo e intolerancia, propios de una sociedad de exclusiones y desigualdades históricas extremas, como la nuestra.

Desde el aparente lugar de la ‘neutralidad’ y la ‘objetividad’, recurriendo a la trampa ideológica de colocarse ‘fuera de la escena’, apropiándose espuriamente del ‘interés general’ para hablar ‘en nombre de todos’, ocultando los indisimulables vínculos materiales y simbólicos que los atan a los otros nodos del poder (gobierno y corporaciones), las empresas periodísticas locales vienen disparando indiscriminadamente su artillería pesada con municiones de guerra contra la resistencia socioambiental a la minería transnacional, en nuestra provincia, en  la región y en el país en general. De modo cada vez más desfachatado vienen manipulando y tergiversando recurrentemente los hechos, fabricando con sus versiones una ‘realidad’ a imagen y semejanza de sus intereses y posiciones ideológicas.

Creyéndose o sabiéndose virtualmente impunes (¿cómo refutar masivamente sus aseveraciones?), estos mercaderes de la ‘información pública’ vienen apelando inescrupulosa y sistemáticamente a las falacias argumentales más burdas y a la directa distorsión y falseamiento de los hechos, a tal punto que exceden ya lo grotesco. Con su activa y deliberada intervención vienen contribuyendo notablemente a la instalación y legitimación de un clima societal de autoritarismo, represión e intolerancia política que no sólo socava las condiciones básicas de un ‘estado democrático’, sino ya las garantías y derechos elementales de un ‘estado de derecho’.

Los contenidos y estilos adoptados en la ‘cobertura’ de la última acción de protesta en Cerro Negro y del violento desalojo realizado por fuerzas policiales y parapoliciales el pasado viernes 13, no han sido una excepción a la regla, sino más bien su exacerbación. La vinculación de los principales medios comerciales con la política represiva del Estado excede ya el nivel de la complicidad y pasa a constituirse en un agente promotor clave de tales políticas. La alianza económica e ideológica que conforma la comunión de intereses entre el Estado, las corporaciones mineras y sus súbditos, y los grandes medios locales conforma la estructura institucional operativa del nuevo régimen minero instalado como gobierno de facto que ejerce el poder sobre nuestro territorio y nuestra población. Bajo este inédito régimen neocolonial no hay lugar ya para el ejercicio de derechos, ni para la Ley, ni para la Verdad. Lo burdo y lo grotesco se instalan como estética del coloniaje mediático… En defensa de una empresa de origen suizo, que tiene domicilio legal en las Islas Caimán, que exporta todo nuestros minerales, nuestra agua y nuestra energía para subsidiar la industrialización voraz de China, practica un chauvisnismo localista ridículo, ‘acusando’ de ‘foráneos’ a vecina/s de otras provincias, igualmente afectados por el mismo flagelo extractivista, ya minero, ya sojero, como si la Constitución Nacional no fuera una sola, válida para todo el territorio nacional; como si Minera Alumbrera sólo tuviera su teatro de operaciones en la provincia de Catamarca y su pluma contaminante no se extendiera a otras provincias; como si el hecho de haber nacido en otra provincia o el hecho de movilizarse en defensa de nuestra Madre Tierra fueran ahora peligrosas tipologías delictivas del Código Penal… Con una aridez argumental desopilante, las empresas periodísticas locales ejercen igualmente su poder de fuego azuzando la violencia; instigando a la represión… Y hay que preguntarse si como sociedad nos merecemos esto… ¿Hay derecho a tanta impune violencia? ¿Hay derecho a tanto maltrato y a tan brutal subestimación de la cultura política de nuestra sociedad?

-     Cuarto: sin división de poderes, todos unidos en la represión y la criminalización. El recurso a la violencia que ha hecho este gobierno como forma de imponer la identidad minera, por supuesto, no se restringe al campo de lo simbólico. Ha avanzado abierta y manifiestamente en la diversificación de las estrategias de la violencia represiva y material de los hechos y las armas.

En este campo ha avanzado a fuerza de ensayo y error. Primero, ha recurrido al uso burdo y tosco de la represión brutal y manifiesta; tal los casos de los violentos desalojos de los bloqueos selectivos en las rutas de acceso a Minera Alumbrera en las rutas nacionales de Santa María, Belén y Tinogasta, durante enero y febrero de este año. A los detenidos en Santa María, por parte de un fiscal que adujo aplicar la flamante ley anti-terrorista contra los manifestantes, se sumó la represión, persecución y detención del bloqueo selectivo en Belén, para culminar en la brutal intervención de la infantería provincial en el desalojo de la ruta N° 60 contra una masiva manifestación de resistencia del pueblo tinogasteño. Mujeres, niños, adultos mayores, hombres, todos los que buscaron seguir sosteniendo el bloqueo selectivo a los insumos mineros, fueron indiscriminadamente reprimidos con el recurso a bastonazos, balas de goma, gases lacrimógenos y la intervención de la ‘división canina’.

El despeje de las rutas a fuerza de violencia bruta ha sido, sin embargo, muy costoso para el gobierno, aún con todo el ‘apoyo moral’ de los medios masivos locales. Se hace insostenible el discurso oficial de presentarse como un “gobierno que no reprime la protesta social”. Los artilugios de disimular mediáticamente la represión, de eludir la responsabilidad política de la misma endilgándoselas cínicamente entre el poder ejecutivo y el poder judicial, se mostraron a todas luces insuficientes para cubrir los costos políticos de la brutalidad represiva.

Le siguió la intensificación de la ya aludida campaña propagandística. Se sumaron otras voces y otros ‘argumentos’. Desde el poder judicial, la presidenta del máximo tribunal de justicia de la provincia, Amelia Sesto de Leiva, disparó “la única solución para los ambientalistas es la Cárcel” (Diario El Ancasti, 1° de junio de 2012). Vale la pena reproducir sus declaraciones textuales pues, en su lapsus, expresan el absurdo jurídico y político de la medida: “Ustedes han visto por ejemplo por televisión que los ambientalistas en otras partes se prenden de las máquinas (…) se tiran al mar. Son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla su derecho y bueno, a esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel” (Diario El Esquiú, 02 de junio de 2012). Sin comentarios…

En realidad, las declaraciones de Sesto de Leiva anticiparon la convicción y disposición de las propias autoridades de la Justicia para actuar e intervenir al margen de la ley si fuera necesario para impedir que las protestas obstaculicen las operaciones de las mineras. ¿Qué otra cosa significa que hay que llevar a la cárcel a “aquellos que están dispuestos a exigir que se cumpla su derecho”?. Y eso es lo que finalmente sucedió en los hechos pasados de Cerro Negro: la violación de los principios más elementales de un Estado de Derecho.

En el ‘pacífico’ desalojo de Cerro Negro, se cometieron atropellos gravísimos. La propia Justicia y las instituciones del Estado actuaron al margen de la Ley. La fiscal provincial de Tinogasta (Silvia Álvarez) extendiendo ilegalmente su injerencia en jurisdicción federal y sin mediar comisión de delito de alguno; la policía de la provincia procediendo a la literal usurpación y posterior deportación de un colectivo que trasladaba a 54 personas cuyo único ‘delito’ fue venir a solidarizarse con la medida de protesta decidida por las asambleas de Catamarca y de todo el país en el Acampe de Cerro Negro; interviniendo con la más absoluta arbitrariedad y abuso de poder, golpeando y amenazando a los que procuraron resistir semejante atropello y actuando aún como ‘fuerzas de seguridad’ en territorio jurisdiccional de otras provincias (La Rioja y Córdoba); más, la actuación ilegal de policías ‘de civil’ que engrosaron las filas de los ‘manifestantes pro-mineros’. Y por si todo esto fuera poco, la detención ilegal del ciudadano tinogasteño Pablo Romero por parte de efectivos de la Policía de la Provincia que se conducían sin sus uniformes reglamentarios y  en un automóvil con los vidrios polarizados y sin la correspondiente chapa patente identificatoria, a la más burda usanza de los ‘años de plomo’.

Efectivamente, como en tiempos de la dictadura, en Cerro Negro se procedió a la privación ilegítima de la libertad de personas, al secuestro y la detención arbitraria de ciudadanos, sin la previa eventual comisión de delitos; agentes y oficiales de justicia actuaron violando la propia normatividad constitucional, avasallaron competencias jurisdiccionales e incluso la división funcional de poderes. Se violentaron fundamentos básicos del Estado de Derecho. Todo, con el único fin de impedir el bloqueo temporal de los insumos a Minera Alumbrera.

Así, el poder minero no se contenta con haber colonizado el aparato administrativo del Estado, con haber instituido la legalidad del nuevo régimen de saqueo (Ley 24.196 y sus correlativas), sino que ahora incluso arremete contra la propia institucionalidad formal violando flagrantemente los principios más elementales del ordenamiento constitucional. Como en otros territorios de América Latina, el régimen minero se muestra manifiestamente incompatible con el Estado de Derecho y con el respeto de los Derechos Humanos.

-     Quinto: los nuevos grupos de tarea y la tercerización de la política represiva. Ante los hechos consumados de la violación del orden jurídico, desde el Estado se instala un clima de impunidad que se complementa con la ‘tercerización’ y el camuflaje ‘social’ de la  política represiva. Como se ensayó previamente en el desalojo de Belén y ante el bloqueo ‘pro-minero’ perpetrado en la ciudad de Andalgalá, en la semana en que se cumplían dos años de la violenta represión del 15 de febrero de 2010, desde el gobierno provincial y de ciertos gobiernos municipales se recurrió al reclutamiento de una fuerza de choque dirigida a instigar y amedrentar a los manifestantes en la ruta. En Cerro Negro se ha visto el recurso a esta estrategia en su máxima expresión: la formación de grupos para-estatales, autodenominados grupos por el ‘trabajo’, que contaron con todo el respaldo logístico y político de las autoridades provinciales y policiales para actuar con total impunidad, amenazando abiertamente a recurrir al uso de la fuerza para desplazar por sus propios medios a los manifestantes en contra de las explotaciones mineras.

Con esta irresponsable estrategia es que se apela al enfrentamiento directo entre fracciones de la población como medida para eludir el costo político de la política represiva del Estado. Demostrando la prácticamente inexistente raigambre de la minería transnacional en el tejido social local, para la formación de estos grupos, debieron recurrir a empleados municipales, policías vestidos de civil y grupos de barra-bravas de clubes de fútbol ‘importantes’ de provincias vecinas. El colmo del cinismo, es que la policía de la provincia ‘procede al desalojo’ de la/os asambleístas bajo el ‘argumento’ de hacerlo para resguardar la integridad física de los mismos, atentos a que de otro modo, no podrían garantizar evitar el ataque de los grupos ‘pro-mineros’.

Con el hostigamiento de la patota oficialista –que llegó a tirar piedras y bombas de estruendo al campamento de asambleístas- y la inminente intervención represiva de la guardia de infantería de la provincia y el Grupo Kuntur, la asamblea nacional de Cerro Negro decidió acatar el desalojo para evitar un desborde aún mayor de violencia, esta vez de consecuencias incalculables. Pero los acontecimientos no terminaron ahí: la policía de la provincia, como se dijo, secuestró literalmente el colectivo de manifestantes que vinieron en apoyo de distintos puntos del país para proceder a deportarlos por la fuerza del territorio provincial, impidiéndoles acampar y/o detenerse aún en territorio de la provincia de La Rioja y conduciéndolos hasta los límites con la provincia de Córdoba. ¿Con qué autoridad? ¿Bajo qué cobertura legal? ¿Qué tipología delictiva se supone que se aplicó, por cuál organismo de Justicia? Absolutamente ninguna. Puro abuso de poder. Usurpación y ejercicio de facto de la fuerza represiva del Estado al margen de la propia legalidad que pone en suspenso las garantías constitucionales y que deja a la ciudadanía en condiciones de indefensión jurídica. Cabe tomar nota de que, sin exagerar, éste es uno de los rasgos básicos de lo, en la ciencia política, que se conoce como ‘terrorismo de Estado’.

En definitiva, a través de los momentos y elementos señalados, desde la brutal represión al bloqueo selectivo en Tinogasta el 10 de febrero de 2012 al accionar de mafias para-estatales en Cerro Negro, el pasado 20 de julio, se puede constatar que el gobierno ha venido alimentando irresponsablemente una creciente escalada de violencia –de la material y la simbólica, de la manifiesta y la latente; de la institucional y de la extra-oficial- dirigida a arrancar de cuajo todo vestigio de resistencia y/o manifestación popular en contra del ‘modelo minero’, asumido como ‘política de Estado’. La instalación de un clima generalizado de (auto)censura, miedo social y/o de resignación parecieran ser los objetivos no declarados de esta nueva estrategia.

El nivel de expropiación al que como poblaciones de un territorio-objeto-de-saqueo nos vemos sometido es ya extremo: alcanza ya el más elemental plano de la institucionalidad formal y el de la legalidad. Lo que debería ser considerado como expresión de virtud cívica, necesaria en un estado democrático, (la activa participación ciudadana en la defensa de los intereses generales), se lo asimila lisa y llanamente a una figura delictiva. Hay, de hecho, un avance del derecho penal represivo sobre la órbita de los derechos humanos básicos. Los ciudadanos (independientemente de la jurisdicción provincial en la que nacieron, todos igualmente sometidos a los dictados generales de la Constitución Nacional) son considerados y tratados como delincuentes por el solo hecho de manifestarse, aún haciéndolo pacíficamente y en el más estricto respeto por la legalidad.

Así, esta escalada de violencia está desembocando, de hecho, en una profunda y grave metamorfosis del propio régimen de gobierno. Venimos asistiendo a la progresiva configuración e imposición de un nuevo régimen gubernamental de facto. Hay una nueva configuración de poder que rige en el territorio provincial, estructurada a partir de la articulación funcional y operativa de autoridades electas y poderes fácticos, que se impone por encima del ordenamiento jurídico constitucional, disolviendo garantías y derechos básicos, licuando la división de poderes y de competencias jurisdiccionales,  y que se sirve discrecionalmente de las instituciones y funciones del Estado con la única finalidad de viabilizar las operaciones de las grandes empresas mineras que actúan en la Provincia.

Desde su asunción a esta parte, llegando a los acontecimientos recientes de Cerro Negro, la actual administración kirchnerista de la Provincia está llevando la furia extractivista demasiado lejos. Está minando las bases elementales del Estado de Derecho. Y parece no tener ningún tipo de escrúpulos con el fin de impulsar y usufructuar como socios subordinados una nueva etapa de saqueo minero transnacional. La seguridad jurídica garantizada a las empresas, se traduce en una literal licencia para depredar derechos; un estado de impunidad que se traduce en la precarización y vulneración de los derechos de los pobladores. Los hechos consumados señalan que estamos ante la un escenario de peligrosa fragilidad de las garantías constitucionales y donde, desde las más altas esferas de gobierno, se viene imponiendo un régimen de autoritarismo, represión  y persecución ideológico-política que es inédito en tiempos de ‘democracia’.

La complicidad manifiesta de los medios de (des)información pública, la inercia rutinaria de atropellos que llevan a la resignación primero y al acostumbramiento después, no deberían ser suficientes para anestesiar los nervios políticos de nuestras aspiraciones democráticas. Lo que ha acontecido en Cerro Negro ha sido grave. Demasiado grave como para ‘dejarlo pasar’ y ‘mirar para otro lado’. No podemos dejar de tomar conciencia sobre ello; ni podemos permitir que se siga avanzando en este rumbo. Pues la pasividad, la falta de reacción ciudadana, ya sea por temor, por resignación, por ‘cansancio’, ‘comodidad’, o por conveniencia, nos convierte literalmente cómplices del curso de los acontecimientos. Y los gerentes del poder, y sus lacayos mandamases locales, están buscando justamente eso; están reclutando cómplices… Sólo extendiendo la membresía de complicidades, lo intolerable puede tornarse ‘norma’…