Ante el 4º Aniversario de Luciano Arruga

Conferencia de prensa.

Acciones ante el cercano 4º Aniversario de la desaparición de Luciano Arruga

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – La Matanza, en representación de Mónica Alegre, madre de Luciano, y el Centro de  Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron a la justicia el cambio de carátula de la causa en la que se investiga la desaparición del joven de 16 años que fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, a fin de que sea considerada como una desaparición forzada por considerar que existen elementos suficientes para sostener que los hechos se encuadran dentro de esa figura penal. 

También pidieron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires que inicie el proceso de juicio político correspondiente para la destitución de quien fuera la primera fiscal designada para investigar el caso, Roxana Castelli, por haber incurrido en serias irregularidades durante su desempeño.

Por otra parte, elevaron una nota ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la que solicitaron que el organismo realice una investigación exhaustiva sobre el accionar de los funcionarios policiales durante la instrucción de la causa.

La causa judicial tramita actualmente en la Unidad Funcional de Instrucción No1 del Departamento Judicial de La Matanza e interviene el Juzgado de Garantías en lo penal Nº1 del mismo Departamento Judicial.

 

Detalle de las presentaciones efectuadas:

Cuatro años de impunidad: la obligación estatal de investigar este caso como desaparición forzada de personas 

Estamos ante la posible comisión de uno de los delitos más graves en materia de vulneración de derechos humanos: la desaparición forzada de una persona de 16 años de edad, Luciano Arruga.

A diferencia de la desaparición sistemática de personas bajo el terrorismo de Estado, estos casos no evidencian un plan centralizado, sino que muestran las consecuencias de prácticas reiteradas de abuso policial y de diferentes formas y grados de negligencia, inacción y/o complicidad judicial en diferentes provincias del país. Prácticas posibilitadas por los amplios márgenes de autonomía policial, por la ausencia de gobiernos políticos que controlen efectivamente su actuación y de un Poder Judicial que investigue y sancione adecuadamente. 

No se puede soslayar que en la historia argentina reciente la desaparición de personas constituye también un ominoso mensaje hacia otros jóvenes en situaciones similares, así como para los familiares de las víctimas, amigos y testigos, que sufren amenazas y distintas formas de intimidación.

Por sus características específicas, la desaparición forzada de personas es una figura que requiere la mayor diligencia estatal y hacen necesarias medidas que podrían no ser requeridas en la investigación de otro tipo de delitos. Las investigaciones de estas graves violaciones a los derechos humanos presentan dificultades específicas y muchas veces se ven frustradas por el poder de quienes pretenden lograr su propia impunidad, un elemento esencial al delito que analizamos, ya que la desaparición misma se presenta como una maniobra extrema de encubrimiento de una acumulación de hechos de violencia: la desaparición se produce justamente con la intención de borrar todos los rastros y así obstaculizar investigaciones posteriores y procurar la impunidad de los victimarios. Existen serios indicios de la participación policial en la privación ilegal de la libertad de Luciano Arruga y luego de cuatro años no hay ninguna información sobre su paradero, ni se han identificado a los responsables. Estas son las características particulares de la figura legal de la desaparición forzada.   

Por esto, junto con la familia, las organizaciones querellantes hemos presentado un pedido ante la justicia provincial, para que entienda que el caso se enmarca en la figura de desaparición forzada de personas y, entonces, sea la justicia federal la responsable de llevar adelante la investigación.  

Luego de estos años de irregularidades y graves deficiencias en la investigación provincial, se requiere una investigación efectiva que tenga como objeto la figura de desaparición forzada de personas y, por lo tanto, esté a cargo de la justicia federal. Han pasado casi cuatro años de uno de los casos más atroces, y del fracaso de una de las investigaciones más relevantes de nuestro país. En momentos en los que se está discutiendo fuertemente sobre el funcionamiento de la justicia y la necesidad de que se investigue la complicidad policial y política ante graves violaciones a los derechos humanos, el Estado argentino tiene la obligación de aportar a la familia Arruga la verdad de lo sucedido, la identificación de los responsables de la desaparición de Luciano y su sanción. 

 

La denuncia por mal desempeño contra la primera fiscal de la causa Roxana Castelli

En el inicio de la investigación, la fiscal a cargo de la UFI nº 7 de La Matanza, Roxana Castelli, delegó las tareas en la misma dependencia policial sospechada. Luego de este hecho, la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, decidió apartar a Castelli por violación de la Resolución 1390 de la Procuración General, que impone la no delegación de facultades investigativas a la policía en este tipo de causas. El caso quedó en manos de la fiscal Celia Cejas. Las acciones de investigación se reactivaron durante los primeros meses de 2011 por el impulso de las partes. A partir de esta intervención, se consolidó la sospecha sobre los policías, pero no hubo avances significativos ni resultados en relación con el paradero de Luciano.  Sin embargo, a partir de mediados de 2011 han cesado las medidas, aun cuando están pendientes peritajes y otras medidas de producción de pruebas.  

Además, la misma fiscal Castelli omitió investigar o tan solo iniciar una causa penal por los golpes y amenazas que Luciano recibió en septiembre de 2008, aun cuando estaba al tanto de aquellos hechos y disponía de suficientes elementos para hacerlo. Finalmente, esta causa fue iniciada hace tan sólo seis meses y al día de hoy no se ha avanzado en la identificación de los responsables. 

Por su actuación como fiscal a cargo de la investigación de la causa principal, “Arruga, Luciano s/Averiguación de paradero”, las organizaciones querellantes presentamos una denuncia por serias irregularidades que son causales de destitución por mal desempeño de sus funciones. La gravedad de su accionar no puede quedar únicamente en el apartamiento de la causa “Arruga”. Por el momento, la Procuradora General María del Carmen Falbo ni siquiera la ha sancionada internamente.

La fiscal Castelli no se encuentra en condiciones de ejercer la función para la que fue nombrada y, por ello, la denunciamos ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados para que proceda a su remoción. 

 

Las denuncias contra los policías sospechados en Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia 

En abril de 2009, ocho policías pertenecientes al destacamento de Lomas del Mirador y sospechados por la desaparición fueron pasados a disponibilidad (Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fecer, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego), pero en la actualidad en la medida que la causa judicial no avanzó, fueron reincorporados y cumplen funciones en otras jurisdicciones.

El gobierno provincial mostró una falta absoluta de interés por profundizar las investigaciones internas que hubieran ayudado a impedir que se sostenga el absoluto silencio que existe sobre lo que sucedió con Luciano y las maniobras de encubrimiento que se mantienen hasta el día de hoy. De los testimonios y las pocas pruebas que pudieron recolectarse en la investigación judicial surge con toda claridad la situación irregular en la que funcionaban las dos dependencias policiales sospechadas. Es decir, aún ante la ausencia de prueba directa por la desaparición de Luciano, los responsables políticos debieron haber intervenido con firmeza para retomar el control de la jurisdicción y reconducir un funcionamiento policial totalmente degradado, que posibilitó que se llegue a la desaparición de un menor de edad en la zona y que la policía aparezca sospechada de intervenir, de encubrir y de hostigar a los jóvenes del barrio. Además de que, sin duda, una intervención a tiempo de las autoridades políticas hubiera permitido generar un escenario más propicio para una investigación judicial difícil.

Por ello, por las irregularidades y faltas cometidas por los agentes policiales identificadas en la causa penal, el 5 de noviembre hicimos una presentación ante la oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia. Algunas configuran faltas graves por parte del personal policial y, en su conjunto, aportan fuertes indicios de un plan criminal que permanece impune, no solo a nivel judicial, sino también a nivel administrativo, donde es el gobierno provincial el que debe controlar y sancionar el mal desempeño de sus fuerzas policiales.

El gobernador Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y el secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, se comprometieron en el mes de agosto de 2012 a que avancen las investigaciones administrativas que son de su competencia. Sin embargo, hasta la fecha, esos trámites no mostraron ningún resultado.