Esta semana la legisladora María Rachid presentó un proyecto de ley que intenta regular y a la vez habilitar el funcionamiento de departamentos privados y prostíbulos. La presentación fue en sintonía con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, porque según explicó la legisladora, “si esos lugares dejan de ser clandestinos deberán cumplir con las normativas y el Estado estará obligado a perseguir cuestiones tan sensibles como la trata”.

Bastó con que el intento se hiciera público para reabrir la polémica. Pero, más allá de la extendida discusión en torno a la prostitución entre abolicionistas y reglamentistas, la cuestión es saber si terminar con la prohibición garantizará la aplicación de normas que den plenitud de derechos a más mujeres. Si la realidad dice que los prostíbulos están prohibidos por la ley 12.331, que data de 1937, y aun así funcionan a la gorda vista de las instituciones, ¿serán estas las que regulen para terminar con ese enorme delito que es la trata?
 

“Sin demanda no hay oferta, por lo que hay que atacar la demanda. No hay que castigar a las víctimas, hay que hacerlo con todos los eslabones que conforman la industria de la explotación de mujeres”, dice Janice Raymond, profesora de la universidad estadounidense de Massachusetts e integrante de la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres (Catw). Raymond es también una referente en los estudios sobre el tema y participó, junto a especialistas nacionales y extranjeros, del II Foro Internacional de Derechos de las Mujeres que se realizó en Mar del Plata a principios de este mes para analizar la situación de la trata de personas, los avances y los desafíos pendientes.

Desde 2008 la Argentina cuenta con la ley 26.364, que establece a la trata de personas como un delito federal. Cuatro años después la norma fue modificada, tras el fallo que absolvió a los culpables de la desaparición de Marita Verón. “En ese momento se eliminó la figura de consentimiento y se establecieron nuevos derechos para las víctimas. También se impulsó la creación del Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la lucha contra la  trata y explotación de personas, pero aún no está reglamentada por la falta de voluntad política para terminar con este delito”, dice Raquel Vivanco, coordinadora nacional del Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala). Y agrega: “Las políticas públicas para prevenir y combatir este flagelo siguen siendo insuficientes. Más del 85 por ciento de las víctimas de trata son mujeres, adolescentes y niñas que son tratadas para ser explotadas sexualmente, obligándolas a prostituirse”.

¿Qué ocurre con la trata de personas, en los países donde la prostitución es regulada? Raymond explicó a Veintitrés que “por ejemplo en Holanda, donde la prostitución está regulada, igualmente se infiltró el crimen organizado y las mujeres siguen siendo las víctimas en ese sistema de corrupciones”. En ese sentido también se manifestó la abogada nigeriana Joy Ngozi Ezeilo, Relatora Especial sobre Trata de Personas de la ONU, que reclamó: “El Congreso debe reformar de forma urgente la ley antitrata. Hay que evitar que las víctimas mayores de edad tengan que demostrar que no dieron su consentimiento, además debe aumentarse las penas a los autores del delito, no sólo a los proxenetas sino a los actores de las fuerzas de seguridad o de justicia que actúen fuera de la ley”. Es que según los especialistas, si existen redes de prostitución o de trata, es por acción directa de los organismos de seguridad que deberían perseguirlas.

Un informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata –Dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– señala que en lo que va del año fueron rescatadas de las redes de trata más de 150 personas por mes, unas 1.202 en total. A su vez, desde abril de 2008, cuando la ley entró en vigencia, fueron liberadas 7.269 personas. “Este tipo de delitos no sería posible sin la complicidad activa de los poderes de turno, en todos los niveles del Estado, y eso no se va a terminar con una ley que legalice la explotación de la prostitución, sino con verdadero interés y políticas coordinadas de punta a punta”, sentencia Vivanco, quien sabe claramente cómo se compone la cadena de responsabilidades. Las cifras mundiales lo demuestran: la trata de personas es el segundo negocio ilícito más rentable a nivel mundial después del tráfico de drogas, y además condensa todas las formas de violación de los derechos humanos de las mujeres.

Pero volviendo a la polémica montada en torno al proyecto porteño, el problema alrededor de la trata estaría en la falta de regulación o la falta de coordinación de los programas existentes. Las posiciones se enfrentan en ese punto. “Lo que beneficia a los proxenetas y a las redes de trata son la ilegalidad y la clandestinidad. Lo que proponemos es garantizar una mayor presencia del Estado y a la vez obligarlo a cumplir con normas elementales de protección hacia las trabajadoras sexuales”, insiste Rachid. En la vereda opuesta, para Raymond, “legalizar la prostitución sería un regalo para los proxenetas, porque promueve el tráfico sexual, expande la industria del sexo, aumenta las situaciones de clandestinidad, propicia la explotación sexual de niños, no protege a las mujeres, ni les permite elegir y aumenta la demanda de los hombres, incentivados a comprar sexo en un entorno favorable”.

Ante las críticas sobre la falta de atención estatal, hay dos datos concretos: “Este año el presupuesto destinó sólo un 0,05 por ciento al Consejo Nacional de las Mujeres, que es el que debería desarrollar políticas públicas sobre el tema”, crítica la coordinadora de Mumalá. Por otro lado, en siete años se pasó de 169 rescates anuales a más de 1.700. “Las inspecciones ya deberían ser costumbre, eso y el peligro serio de ir preso deberían servir para amedrentar la operatoria de las redes de trata. No es saludable sumar leyes si no hay una idea concreta y un trabajo serio sobre el tema”, sintetizó Ezeilo.

Curiosamente, cuatro días antes de que la trata y su posible vínculo con las redes de prostitución volvieran a la agenda pública, la Justicia allanó y cerró el histórico Madaho’s marplatense, donde había 24 mujeres –22 de nacionalidad argentina, una brasileña y una dominicana– y más de 50 clientes. “La única opción para terminar con la trata está en educar a los hombres jóvenes. En Suecia, donde se persigue a los clientes, cuando son detenidos por primera vez se los obliga a participar de un taller para que tomen conciencia sobre lo que genera la explotación sexual en las mujeres, donde incluso participan quienes han estado en prostitución y el nivel de reincidencia de ellos es bajo”, sintetiza Raymond.

“Sin clientes, no hay trata”, responden los organismos con tendencia abolicionista ante el intento de organizaciones que pujan por legalizar la naturalizada “profesión más vieja del mundo”. Mientras unos debaten con los otros, con argumentos que van desde la moralidad hasta la práctica empírica más concreta, miles de mujeres se prostituyen todos los días en un sistema prostituyente que resulta favorecido por las mismas fuerzas que deberían hacer cumplir las leyes vigentes.

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6992  víctimas rescatadas desde la sanción

48%  eran explotadas sexualmente.

52%  sufrían explotación laboral.

3288  allanamientos se realizaron hasta el 30 de junio de este año.