Ningún asesinato debe quedar impune

Ningún asesinato debe quedar impune

Muchas voces se vienen alzando, intentando explicar los tiempos violentos que vivimos como sociedad. Otras, las de los oportunistas de siempre, las de la política de la carroña, intentan montarse en el fenómeno ya sin pretender ser parte de la solución, sino de tomar provecho del problema.

De ambas nos ocuparemos.
Pero antes, una pequeña reflexión: días atrás, quienes dicen que algunos "salen a matar para arrebatar una cartera" terminaron matando por una cartera, mostrando que el desprecio por la vida no conoce de estratos sociales.
 

Ante las repercusiones que tuvo el hecho, la preocupación mayor que nos surge, tiene que ver con las razones que se esgrimieron desde los foros y las redes sociales para avalar el hecho: "la gente está cansada", dijeron foristas anónimos y políticos irresponsables, quienes no pierden el sueño por echar leña al fuego.
Y nos preguntamos, ¿dónde quedó el ejemplo de las Madres y Abuelas, que esperaron treinta años para que algunos de los responsables de las desapariciones de sus hijos y nietos comenzaran a ser juzgados? ¿Dónde el de las madres de las desaparecidas en democracia, víctimas de la trata de personas? ¿Y el de las familias de las víctimas de la violencia institucional, con el paradigmático caso de Luciano Arruga?
 

Creemos que la única respuesta posible se encuentra dentro del Estado de Derecho. Y, dentro de él, todos los crímenes deben ser juzgados. Todos. Los cometidos en hechos de robo, los cometidos por dictadores, por policías, y por vecinos indignados que se arrogan la potestad de juzgar un delito en juicio sumarísimo y convertirse en verdugos del condenado.
 

Porque la impunidad generalizada es parte de la indignación y la violencia. La impunidad de los pequeños delitos, arrebatos, hurtos, pero también infracciones de tránsito, hasta las masacres como la de diciembre de 2001 o de junio de 2002 en Puente Pueyrredón. Ni hablar de los delitos económicos cometidos por empresas y gobernantes.
 

Por eso no podemos tolerar expresiones que, desde la política, se montan en los comentarios indignados de "los vecinos" por pura especulación electoral. Creen que, por caer simpáticos a las expresiones más extremas del odio y la intolerancia, lograrán recuperar la confianza que hace rato perdió la ciudadanía. Lo que no entienden, como ejemplo en Rosario el caso del PRO, es que por más que se adjudiquen ser "la nueva política", sus estertores cortoplacistas (pretender prohibir una actividad que sirve de sustento a familias de escasos recursos, como cuidar coches) no hacen más que profundizar las causas que provocan la situación gravísima que atravesamos: la desigualdad social, ya se sabe, provoca respuestas violentas por parte de quienes son desfavorecidos.
 

Como se sabe ya, aunque parezca antipático decirlo, que ningún endurecimiento de la legislación penal aplacó los índices de criminalidad, en ningún lugar del mundo (así como se sabe que es más probable morir en un accidente de tránsito que bajo las garras de un peligroso criminal).
Solo el trabajo constante del Poder Judicial para esclarecer todos los hechos criminales, la presencia de una policía al servicio de la sociedad sin necesidad de pagos extra y, sobre todo, el trabajo constante en pos de una sociedad más igualitaria por parte de quienes deben legislar y administrar los recursos del Estado, pero también de toda una sociedad que debe comprender que quienes más ganan, más deben aportar para esto, son las herramientas para componer esta situación acuciante.
Y, que quede claro, no hay solución de corto plazo.

Lautaro D' Anna - Martín Brudny
Espacio de Participación Ciudadana
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