Crónica de una claudicación ¿anunciada? El Frente de Todos y el poder económico. Por M. Schorr.
El gobierno del Frente de Todos (FdT) generó muchas expectativas en amplias capas de la sociedad argentina, en especial en aquellos sectores más castigados por el experimento neoliberal de Cambiemos.
Esas expectativas se vinculaban, de modo relevante, con una retórica en la que se jerarquizaban los intereses del campo popular y en la que además se planteaban escenarios de cierta confrontación con segmentos del poder económico que habían resultado ampliamente favorecidos por el macrismo (acreedores externos, capital financiero, grandes exportadores, empresas privatizadas, etc.).
Sin embargo, a poco de andar el gobierno del FdT, esa impronta empezó a deshilacharse, lo que se puso de manifiesto, por ejemplo, con el retroceso en el “caso Vicentín” (cuando estaba por demás demostrado el desfalco que había perpetrado el grupo empresario, con clara anuencia oficial) o en las renegociaciones de deuda con privados y el FMI. Estas concesiones al poder económico contrastaron con las promesas sobre el orden de prioridades y fueron quitándole legitimidad al discurso oficial. En los hechos, se puso al frente la conciliación con el capital más concentrado, aun cuando esto pudiera afectar a las mayorías.
En ese contexto, existe un cúmulo importante de acciones estatales con ese sesgo que han motorizado una fenomenal traslación de ingresos públicos (es decir, del conjunto de la sociedad) a distintos estamentos del poder económico local. En el marco del acuerdo con el FMI, ello no hace más que descargar el grueso del ajuste fiscal procurado sobre partidas del gasto público que podrían servir para traccionar el crecimiento económico en una coyuntura (interna e internacional) por demás compleja e incierta: salarios estatales, jubilaciones y pensiones, obra e inversión públicas, transferencias a las provincias, etc.
A modo de ejemplo, cabe consignar las principales concesiones del gobierno del FdT a diversas fracciones del poder económico:
- la implementación de tipos de cambio diferenciales para “estimular” exportaciones, una medida que benefició en lo fundamental a los grandes intereses del sector agropecuario;
- la condonación de deudas multimillonarias a algunas empresas prestadoras de servicios públicos regulados, aun a pesar de los déficits ostensibles en que incurrieron, por caso, en lo referido a compromiso de inversiones o en lo que refiere a la calidad en la prestación;
- la concesión de una suerte de “seguro de cambio” y de “seguro antiinflacionario” para los acreedores de la deuda pública en pesos, en particular bancos y otras entidades financieras;
- el otorgamiento de fuertes subvenciones estatales a la producción hidrocarburífera no convencional en Vaca Muerta (un rubro por demás rentable, más allá de los subsidios), lo mismo que a mega proyectos mineros bajo control transnacional (litio);
- la garantía de acceso preferencial a divisas para la cancelación de deudas privadas en un cuadro de restricción externa desatada y con un componente elevado de pasivos “intragrupo empresario” (autopréstamos que expresan un mecanismo habitual de fuga de capitales);
- en el proceso (infructuoso) de combate a la inflación, ciertos sesgos de la intervención estatal (acciones y omisiones) han sentado las bases para que varias corporaciones mono u oligopólicas capten excedentes de modo diferencial (diversos rubros alimenticios, productores de insumos de uso difundido, etc.).
En vistas de estas abultadas transferencias de ingresos, que contrastan con la evolución declinante del poder de compra de los salarios y otros ingresos fijos, no llama la atención el carácter regresivo de la dinámica socioeconómica de los años recientes. Según surge de información del INDEC, a fines de 2022 la participación asalariada en el ingreso (43,9%) resultó 2,3 puntos porcentuales más baja que en 2019 y casi 8 puntos inferior que la de 2016.
Lo antedicho da cuenta de un gobierno que terminó alejándose claramente de su retórica original, abandonando por esa vía a amplios sectores de su base social de sustento (real o potencial) y subordinándose en los hechos al poder económico. Se trata de una claudicación que no ha encontrado “retribución” alguna de parte de esos sectores de la clase dominante (que han criticado la impronta del gobierno toda vez que han podido). La pregunta obvia es ¿para qué y por qué semejante concesión?
Martín Schorr
Investigador del CONICET. Coautor (junto a Lorenzo Cassini y Javier Rameri) de Sustitución de importaciones en Argentina: oportunidades y desafíos de la política industrial, proyectado como uno de los títulos de lanzamiento de la colección de libros de Coyunturas.
marzo 24, 2023
Publicado en Coyunturas
