Intervención del AFSCA. Mucho decreto, poco consenso. Por S. Martinez
Las recientes intervenciones de AFSCA y AFTIC han sorprendido tanto por su despliegue policial, con una impronta de show escenográfico, como por la manipulación arbitraria del Boletín Oficial en su web, retrasando hasta cerca de las 11hs. lo que debiera estar publicado desde las primeras horas del día.
El gobierno de Macri avanzó a fuerza de decretos e intervenciones modificando de hecho leyes votadas por el Congreso Nacional.
Tanto la ley de servicios de Comunicación Audiovisual como la Ley de Argentina Digital, pueden tener varios aspectos para modificar. Pero eso no implica hacerlo desde la lapicera del Poder Ejecutivo Nacional sino desde el Congreso Nacional.
En nuestro país, mediante la Constitución Nacional, se establece una lógica de consensos determinados para que se aprueben las leyes. Esto implica obtener el respaldo de una importante porción del electorado que avala a las y los diputados y senadores para que se consigan primero dictámenes, luego las medias sanciones y por último la sanción definitiva de las leyes.
En el caso de la Ley de Servicios Audiovisual, fue una Ley que surgió de importantes consensos con distintos bloques parlamentarios y una nutrida participación con distintos sectores de la población. Con múltiples audiencias y foros. Una ley que fue avalada como constitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Que el kirchnerismo desde la sanción de la ley no la haya cumplido en su totalidad, o que se haya montado sobre la misma para definir una de las aristas de su relato y la emblemática pelea con el grupo Clarin, no implica avalar estas modificaciones de hecho mediantes decretos sobre la estructura del AFSCA, mediante la modificación de la ley de ministerios, creando el Ministerio de Comunicaciones, interviniendo el AFSCA o modificando la orgánica de RTA (Radio y Televisión Argentina) llevándola dentro del Sistema de Medios y Contenidos Públicos.
Luego de la declaración de constitucionalidad de la ley, el kirchnerismo debió haber aceptado los planes de adecuación propuestos por los distintos grupos de medios, permitiendo una avance hacia a la desconcentración, uno de los objetivos principales de la ley. Pero priorizó mantener su épico relato de pelea con Clarin. Rechazó su propuesta de adecuación esto lo llevó a una nueva judicialización y se negó a avanzar sobre el resto de los grupos. Todo esto con una lógica de presencia eterna en el poder. Como si los mandatos fueran infinitos.
Lamentablemente se avanzó poco y nada en la implementación. Se hizo del AFSCA un organismo casi partidario sin participación real del conjunto de los bloques parlamentaros y de la oposición.
Todo esto hoy hace que la prédica de defensa republicana sea poco creíble en Martín Sabbatella.
En cuanto a la AFTIC, el proceso de su sanción no tuvo nada que ver con el de la Ley 26522, fue un proceso mucho más veloz. Fue más una respuesta al acuerdo con las grandes empresas de telecomunicaciones, que tratar de abordar los reclamos de usuarios y consumidores de todo el país ante un ineficaz servicio de telefonía móvil.
No hubo avances en declarar servicio público la telefonía móvil, y casi en el camino queda sin ser servicio público la telefonía fija.
Los riesgos de pretender hacer modificaciones por decreto sin convocar a los distintos sectores involucrados son muy grandes. Cualquier modificación a las leyes democráticas debería ser por la vía del Congreso.
El presidente Macri no hizo ni siquiera el intento de llamar a sesiones extraordinarias. Lo cual no deja de ser algo preocupante, que no se diferencia de un estilo avasallador y prepotente.
Santiago Martínez Laino
Secretario de Prensa Movimiento Libres del Sur
Asesor en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la HCDN
