De maestras, trabajadoras y otras situaciones “embarazosas”

Las increíbles declaraciones del ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, que planteó que las docentes “se embarazan para tomarse las licencias y cobrar sin trabajar”, me trajeron a la memoria el contrato de maestras del Consejo Nacional de Educación del año 1923, donde las “señoritas” acordaban “no casarse, no andar en compañía de hombres, no usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los tobillos”. En las primeras décadas del siglo XX, las maestras no éramos consideradas mujeres con derechos sexuales y reproductivos, tampoco trabajadoras con derecho a licencia por maternidad o a la agremiación, ni siquiera teníamos derecho a una ciudadanía plena con el acceso al voto, que no era universal porque no nos incluía.

Las palabras del ministro pampeano fueron pronunciadas en la Semana Mundial del Parto Respetado y atrasan un siglo; se apoyan en un modelo de sociedad y de escuela que hace ya mucho tiempo fue superado por los avances en los derechos de las mujeres y de las trabajadoras de la educación, después de décadas de luchas reivindicativas. De hecho, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o el gremio docente Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), que cuestionaron duramente los dichos del ministro, hoy plantean políticas parentales que amplían derechos para que los varones tengan acceso a licencias más prolongadas por nacimiento, con un modelo de cuidado compartido de hijos entre varones y mujeres.

Hay más de un funcionario que atrasa en la Argentina. Otro ministro provinciano, Julián Dindart, ex titular del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, dijo hace cinco años que las adolescentes se embarazaban para cobrar la asignación universal por hijo. Dindart hoy es presidente de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el Congreso Nacional. O sea que la Comisión de Mujer la preside un hombre, que además se hizo nacionalmente conocido por dichos misóginos y estigmatizantes. El nombre de la comisión también atrasa, y hace años que tanto en el Congreso Nacional como en las legislaturas provinciales se debería haber desdoblado la temática de la mujer de la de familia, niños y adolescentes, cuyo cuidado se reconoce compartido. Salvo que nos parezca bien que exista otra comisión que se llame Hombre, Familia, Niños y Adolescentes.

Cuando el ministro Franco dice: “Hasta los embarazos parecen planeados”, se está olvidando de que en la Argentina existen las leyes 25673, de Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la 26150, de educación sexual integral para que mujeres y varones podamos ejercer en libertad nuestra sexualidad, con planificación que evite embarazos no deseados. Si estas leyes se aplicaran con presupuesto para políticas públicas, en la Argentina no tendríamos anualmente cien mil madres adolescentes menores de 19 años, según datos de UNICEF, la mayoría de las cuales son pobres y ello aumenta su vulnerabilidad social.

A casi un año del #NiUnaMenos, tendríamos que considerar seriamente si no es tiempo de destinar por ley un porcentaje del PBI a la legislación que protege los derechos de las mujeres, como son la ley nacional 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, leyes de salud sexual y reproductiva, leyes de educación sexual integral, de modo de garantizar que los funcionarios las apliquen en las provincias sin que la falta de recursos económicos sea excusa para preservar una sociedad machista.

Nota en Infobae.com

http://opinion.infobae.com/laura-gonzalez-velasco/2016/05/22/de-maestras-trabajadoras-y-otras-situaciones-embarazosas/