El gobierno elimina subsidios pero igual crece el déficit fiscal en la bicicleta financiera. Por I. Rudnik

En estos días, a los incrementos de las tarifas eléctricas, se agregaron  los anunciados  aumentos en las tarifas en agua, gas, y transporte, por reducción de los subsidios que en los últimos años mantuvieron sus precios al público cuasi congelados.  El argumento oficial dice que estos subsidios le producen gastos al fisco es posible continuar sosteniendo y que hay que recortar ya. Como no se puede cortar la energía eléctrica ni la provisión de gas y agua, ni detener el transporte público, lo que antes cubría el estado ahora lo tienen que pagar los usuarios. Sin embargo los usuarios no son hoy un conjunto homogéneo, sino que abarcan una población profundamente diferenciada por los desparejos niveles de ingresos que perciben las distintas franjas que la componen. Entonces, una vez producidos los aumentos, nos encontramos discutiendo si la “tarifa social” que se propone es más o menos justa, si abarca a todos los que debería llegar y en qué proporción.

En el caso de las tarifas eléctricas con legisladores nacionales, representantes de organizaciones sociales y de defensa del consumidor, recorrimos despachos oficiales discutiendo punto por punto los alcances de la tarifa social oficial, las dificultades que tienen para acceder los supuestos beneficiarios, proponiendo soluciones, trasmitiendo inquietudes, etc. Igual haremos en estos días con el resto de los incrementos, tratando de entender, entre otras cosas, porqué si para la energía eléctrica el criterio para acceder a la tarifa social es ganar menos de dos salarios o jubilaciones mínimas, para el de transporte público es mucho más restrictivo y sólo alcanza a los que ganan una jubilación mínima y reciben asignaciones sociales. Las respuestas de los funcionarios siempre están circunscriptas a las supuestas restricciones presupuestarias a las que una administración seria y eficiente debe ceñirse. Lo cierto es que en entre los objetivos oficiales más importantes planteados explícitamente figura una reducción de gastos por eliminación de subsidios del orden de los 150/200 mil millones de pesos para el presente año.

Pero por otro lado, además de reducirse los ingresos fiscales por  eliminación de retenciones al agro a la minería, se multiplican los gastos, pagando tasas exorbitantes a los bancos y las entidades financieras. El Banco Central está pagando por las Lebacs (Letras del Tesoro, que en los hechos son plazos fijos que hacen los inversores financieros en el Banco Central) 38% de interés anual por 35 días. Los que pueden hacer estas inversiones son principalmente los bancos, que le pagan al público por un plazo fijo a 30 días 22/25% de interés, y en el mismo momento trasladan ese dinero al Banco Central cobrando 38% por igual plazo. Aquí hay una primera vuelta de una bicicleta que sigue rodando. Un consultor citado por el periodista Marcelo Zlotogwiazda en El Cronista de fecha 1° de abril recomienda:  “La mejor alternativa pasa por colocarse corto en pesos, es decir, comprar la Lebac a 35 días, que renta el 38,5% anual, y comprar dólar futuro a junio de 2016, que se ubica en 15,68. Estamos a 100 días de dicho vencimiento, y podríamos renovar 3 veces la letra. Obtendríamos un rendimiento del 9%, y nos aseguraríamos en dólares a una tasa del 5,4%; esto nos permitiría ganar un 3% en dólares, limpio de comisiones. Es casi un 12% anual en dólares”. O sea, en definitiva el Banco Central de la República Argentina va pagar tasas a un 12% anual en dólares. Se estima que este próspero negocio para los bancos y entidades financieras privadas, le va costar a la entidad oficial una erogación de 175.000 millones de pesos durante el presente año.

Un equilibrio casi perfecto entre ahorro e incrementos en los gastos fiscales.

Isaac Rudnik
Director ISEPCi | Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana
www.isepci.org.ar