"Esta resolución es un retroceso"

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Victoria Donda y la resolución del Ministerio de Salud de la Ciudad por el aborto no punible.

“ESTA RESOLUCIÓN ES UN RETROCESO FRENTE A UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS MUJERES”

      Respecto de la resolución publicada ayer por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece un protocolo de actuación para los casos de aborto no punible, la diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur, Victoria Donda, sostuvo que “esta situación representa claramente un retroceso en el acceso a esta práctica, que es un derecho fundamental de las mujeres y que constituye una obligación de salud pública respecto de los Estados, tanto locales como de la Nación. El fallo F.A.L de la Corte Suprema, de marzo de este año, marcó un línea divisoria clara entre aquellos procedimientos en lo que respecta a aborto no punible que garantizan adecuadamente la salud y la vida de las mujeres y aquellos que no”.

      Por otro lado, la referente del FAP explicó: “Este nuevo protocolo de la Ciudad va en contra de los estándares mínimos que se deben garantizar para que las mujeres puedan practicarse un aborto no punible en concordancia con sus derechos. El hecho de que los médicos objetores de conciencia puedan excusarse de hacer la intervención en cada caso y no estén obligados a hacerlo antes impide tener un registro adecuado de cuantos médicos en una institución de salud hay disponibles para efectuar la práctica. Esto redunda inmediatamente en más trámites burocráticos, y trabas por las que las mujeres debemos seguir atravesando. Esto es inaceptable”.

      Finalmente, la legisladora afirmó: “Este tipo de cuestiones, lamentablemente, están ocurriendo con otros protocolos en las provincias, que pretenden responder a la exhortación de la Corte de tener vigentes los mismos para asegurar los abortos no punibles, pero que limitan por cualquier vía el acceso concreto, ya sea estableciendo la obligación de denuncias previas, de la intervención de equipos interdisciplinarios que deben emitir dictamen sobre la procedencia de la practica o priorizando hasta el absurdo la objeción de conciencia de los médicos. En el caso de la ciudad, además, se establece el limite de doce semanas de gestación que tampoco tiene sentido en estos casos. Ya sabemos lo que ocurre, en la práctica esto limita y anula virtualmente los derechos consagrados. Me parece que amerita una revisión de la constitucionalidad de estos protocolos”.

Prensa Victoria Donda diputada nacional