Repudian intento reeleccionario

Repudian intento reeleccionario

En la mañana de hoy, viernes 9 de marzo de 2012, dirigentes de distintos partidos politicos, realizaron una conferencia de prensa en repudio al intento de reeleccion del gobernador Gerardo Zamora. Los encargados de llevarla a cabo fueron Aldo Bravo por el Partido Socialista, Cesar Herrera por la Union Civica Radical y Fernando Gimenez por Libres Del Sur.

A escasos días de cumplir siete años en el poder el frente electoral que gobierna la provincia de Sgo. del Estero, los partidos que estamos aqui planteamos la necesidad de dar a conocer nuestra opinión al respecto.

En ese sentido expresamos:
“El pueblo santiagueño ha sufrido el autoritarismo de sus gobernantes a lo largo de gran parte de su historia. A partir de la segunda mitad del siglo pasado el caudillismo reinante convirtió a nuestra provincia en una de las más empobrecidas de Argentina con un correlato institucional acorde a la dominación cultural imperante en dicha época. Las multitudinarias movilizaciones realizadas para repudiar el Doble Crimen de La Dársena marcaron el principio del fin de este régimen y tras la segunda intervención federal decretada en marzo de 2004, en marzo del año siguiente asumió el gobierno actual.

En el transcurso de estos años hemos observado la profundización de los problemas que acarreamos en la historia santiagueña que ya contabiliza más de cuatro siglos y medio. Nos referimos a los temas que no figuran en la agenda oficial, todos ellos de raigambre constitucional y que tienen que ver con la salud y la educación pública, el cuidado del ambiente, la propiedad y tenencia de la tierra, la inaccesibilidad a una vivienda digna, el altísimo porcentaje de trabajadores informales y el desempleo estructural. Además se perpetúa el clientelismo político mediante el manejo partidario de los programas sociales y se produce una cada vez mayor concentración de poder lo que desalienta la participación popular que oxigena la vida democrática.

Asimismo es clave en la regulación de la distribución de la representación política un código electoral provincial que permite la acumulación de poder legislativo a través de listas colectoras que violan la letra constitucional, la que prohíbe taxativamente la ley de lemas, lo que queda expuesto en los 27 diputados propios y en los 8 diputados de fuerzas políticas aliadas que responden verticalmente al Poder Ejecutivo provincial, concentrando de esta forma el 87,50% de las bancas de la Cámara de Diputados. También es fácilmente observable el desmesurado crecimiento patrimonial de los representantes legislativos y funcionarios públicos, así como el surgimiento de una casta conformada por contratistas del estado provincial y las municipalidades. Un ejemplo innegable fue la sociedad política del gobierno provincial con el ex intendente capitalino, Julio Alegre.

Esto ha ido generando un descontento que va in crescendo, a pesar del férreo control de la información que se brinda desde los medios de comunicación y de la puesta en escena de mesas de diálogo con sindicalistas amigos que convalidan la política salarial a cambio de prebendas. Así lo ponen de manifiesto el paro con movilización decretado por uno de los gremios más importantes de la docencia santiagueña que reclama paritarias y un aumento significativo del sueldo básico; la asamblea indígena-campesina llevada a cabo hace un par de meses donde se expuso la problemática que padecen ancestralmente los pueblos originarios de Sgo.; la censura evidente en los medios y actos oficiales a diferentes artistas populares que no bajan línea a favor del discurso gobernante; la ausencia del Estado provincial en la resolución inmediata del problema añejo de la contaminación del Río Dulce y la colmatación del lago Río Hondo; en la falta de prevención del drama cotidiano que significa la mutilación constante de las familias santiagueñas por el anárquico tránsito vehicular; el aumento de la mortalidad infantil y materna, así como por la violencia de género, etc.

Todo este déficit de gestión el gobierno provincial trata de taparlo con obras públicas que se realizan sin preguntarle a la gente -destinatarios inequívocos de las mismas- sobre la necesidad de tales emprendimientos. Algunas de ellas incluso desafiando el sentido común, como las torres que se levantan en la av. Belgrano y calle 9 de Julio, las que agudizarán el caos vehicular y peatonal y traumatizarán la cuestión de la prestación de los servicios públicos esenciales.

Es decir, afirmamos la existencia de muchas asignaturas pendientes en la actual administración provincial y al respecto señalamos la consolidación en esta etapa en análisis de la concentración económica operada en los últimos veinte años. La pobreza extrema y la exclusión social ha seguido aumentando; la Justicia sigue mirando para otro lado en la causa de los muertos de la cárcel provincial en 2008, en el crimen del ex empleado de Rentas Domínguez; en las víctimas ocasionadas en accidentes de tránsito protagonizados por familiares del poder; en el experimento con vacunas en niños santiagueños; en el crimen reciente de Cristian Ferreyra, integrante del Movimiento Campesino, a manos de sicarios a sueldo de los terratenientes que se amparan en los privilegios de la legislación provincial para quedarse con miles de hectáreas de nuestro campo, etc.

Por tanto, y ante el pedido judicial formulado hace un año y medio atrás por un sector político aliado al gobierno provincial, campañas en Internet a través de las redes sociales y ante la profusión de pintadas en toda la geografía provincial en referencia a la posibilidad de un tercer mandato consecutivo para el titular del Ejecutivo provincial, Gerardo Zamora, situación que no contempla la letra vigente de la Constitución Provincial; y debido a que cualquiera modificación que se pretenda hacer a la misma debe estar originada en un debate previo que habilite y legitime un amplio consenso, reclamamos el fiel cumplimiento de lo establecido en la actual Constitución de Santiago del Estero en todos sus términos y, por lo tanto adelantamos que no vamos a acompañar proyecto alguno que busque modificarla para satisfacer ambiciones personales o sectoriales que nada tiene que ver con el interés general ni con la solución de los problemas descriptos.