No hay control sobre las tosqueras

Aunque hay una legislación vigente, nadie la cumple

No hay control sobre las tosqueras abandonadas por las empresas
 

Publicado el 28 de Noviembre de 2010

Nota publicada el domingo en el Diario Tiempo Argentino. Investigación realizada por el periodista Manuel Alfieri

Los pozos de los que se extrae tosca para obras públicas y privadas se convierten en una trampa mortal para los pibes que no acceden a piletas los días de calor. Deberían estar alambrados y custodiados, pero no lo están.
 
Si sabés nadar, no pasa nada”, dice Ariel, un chico de 16 años, mientras pesca en las costas de la tosquera Larre, la más grande de González Catán, en el partido de La Matanza. La entrevista se realiza a unos 20 metros del cadáver de un hombre que flota en la superficie de esas turbias aguas, ante la atenta mirada de dos efectivos de la Policía Bonaerense y un grupo de jóvenes que se acercan por curiosidad.
 
–¿Pero no se ahoga gente muy seguido acá?
–Sí, pero si sabés nadar, no pasa nada –repite Ariel, y vuelve a mirar el cadáver.
 
Ariel no tiene miedo a zambullirse en el agua pese a que, según informaron fuentes de la Unidad Federal de Instrucción Nº 7 de La Matanza, “la autopsia determinó que la persona fallecida en la tosquera Larre murió por asfixia, sin lesiones ni golpes”, lo que indicaría que se habría ahogado producto de estas trampas mortales que son las tosqueras. Trampas mortales que, verano a verano, se cobran las vidas de los jóvenes más humildes, vulnerables y desprotegidos del Conurbano bonaerense.
Con esa muerte finalizó el recorrido que Tiempo Argentino hizo por la zona de tosqueras de Catán, en una tarde de verano en que muchos chicos chapuceaban para refrescar sus cuerpos.

Aunque la legislación vigente impone cierta regulación para su control, en su mayoría las tosqueras abandonadas no cuentan con ningún tipo de medida de seguridad que prevenga posibles accidentes. En La Matanza -distrito comandado por el intendente Fernando Espinoza (PJ)– la Ordenanza 10.424 es clara: “los predios destinados a este tipo de explotación deberán contar con alambre perimetral de púas y carteles indicadores de la actividad (…) Además, se deberá contar con personal de vigilancia durante las 24 horas.” Pero la ley no se cumple ni se hace cumplir: “La ordenanza está vigente, pero nunca se llevó a cabo. Hemos denunciado innumerable cantidad de veces la falta de controles eficaces (como la falta de alambrado y seguridad) que derivan en decenas de muertes en las tosqueras de La Matanza y municipios aledaños, sin obtener ningún tipo de respuesta”, sostuvo Gustavo Bogado, un habitante de Catán que integra la agrupación vecinal Galpón Tres y viene reclamando presencia estatal en este tema desde hace años. La ordenanza también indica que “se podrá llegar a una profundidad máxima de excavación que no supere los 12 metros; siempre y cuando no se encuentre una napa freática”. Sin embargo, los vecinos denuncian que muchos de los pozos llegan a los 20 metros o más, aun cuando hay napas de por medio.

Catán es apenas una muestra de esta realidad. Los datos oficiales, provenientes de la Dirección de Minería provincial son escasos y hablan sólo de las tosqueras que se encuentran en funcionamiento: 83 en toda la provincia, de las cuales más de 50 están en el Gran Buenos Aires. No se sabe exactamente cuántos son los pozos abandonados ni cuántas muertes producen. Según fuentes de esa Dirección, la provincia de Buenos Aires ya emprendió, en conjunto con la Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) y los municipios afectados, un exhaustivo plan de registro de estos pasivos ambientales, con el fin de que se inicien las inspecciones pertinentes para determinar el estado en que se encuentran.
Si están disponibles algunos relevamientos realizados por las propias organizaciones sociales y medios periodísticos zonales (en los que se incluyen tosqueras que se encuentran en actividad y también las ya abandonadas). Estos registros muestran números preocupantes: en La Matanza, por ejemplo, existen alrededor de 1000 hectáreas de tosqueras, lo que equivale al 3% de la superficie del distrito. Y sólo en el territorio que ocupan Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, de acuerdo a un informe del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, hay un total de 73 pozos. Ya un trabajo del año 1995, redactado por el Ministerio del Interior, alertaba que las hectáreas degradadas por actividades de este tipo llegaban a las 20 mil, lo que “representa, sin duda, una variada gama de conflictos emergentes y potenciales”, dice el documento. Quince años después, la situación no parece haber cambiado.
Aunque no hay estadísticas precisas sobre el total de muertes que ocurren en estos “balnearios de pobres” –como suelen llamarlos–, los recortes periodísticos terminan por reflejarlas todos los veranos y en distintas zonas. Sólo una tosquera tiene cifras detalladas: la del Barrio Hudson, en Florencio Varela, donde se dieron 22 fallecimientos desde 1996 a la fecha. Es decir, más de uno por año.

“Los chicos que mueren son los jóvenes más vulnerables que, como no tienen acceso a vacaciones, pileta, colonia, ni a lugares de recreación por una cuestión económica, se bañan en estas lagunas, caen en la trampa, se ahogan y mueren”, explicó en diálogo con este diario Sandra Oviedo, concejal local por Libres del Sur en Movimiento Proyecto Sur.

Según los especialistas consultados, las “lagunas” que se forman en las tosqueras abandonadas son un peligro total para las personas que se arriesgan a bañarse en ellas porque, debido a su arquitectura y a las diferentes corrientes que se cruzan en su interior, los remolinos de agua que se forman pueden llevar a la muerte a cualquiera, ya que el lecho arcilloso y fangoso hace un efecto “sopapa” y “chupa”, incluso, al mejor nadador. Como si fuera poco, el fondo de los pozos se llena de vegetación, basura y materiales altamente tóxicos, lo que crea inmensos focos de contaminación ambiental.

En octubre de 2007, tras la muerte de un joven de 17 años en una tosquera de La Matanza, el por entonces subsecretario de Obras Públicas local, Horacio Beovide, aseguró que la intendencia estaba trabajando intensamente en una solución a esta problemática. Consultada acerca de la situación actual, la concejal Oviedo consideró: “Desde 2007 en adelante tuvimos cinco o seis muertes más. Eso significa que en realidad no se hizo nada. Los funcionarios municipales no cumplieron su compromiso asumido y las empresas, que vienen a lucrar y extraer los recursos mineros de nuestras tierras, deberían ser obligadas a garantizar la seguridad de las poblaciones cercanas.”

En el caso del carenciado Barrio Hudson de Florencio Varela, la tosquera mencionada, que ya se cobró 22 víctimas desde que fue abandonada en 1996 (a la que llaman “Cava de Scarpatto), funcionó para extraer tosca destinada a la construcción de la Autopista Buenos Aires - La Plata, no gozó de controles rigurosos por parte del Estado y nunca fue reacondicionada. Pero lo más grave es que este inmenso pozo –además de continuar abandonado, lleno de agua y de materiales tóxicos– no cuenta con ningún tipo de restricción para su utilización como “balneario”. Por el contrario, tiene entrada por diversos sectores y apenas algunos carteles de “peligro de muerte”. Aunque hace diez años la justicia dictaminó que el lugar debía estar alambrado y con vigilancia para prohibir la entrada a los vecinos, hoy la cerca no existe y los jóvenes se bañan en sus aguas cada nuevo verano. En la visita a la tosquera que realizó este cronista, tampoco se encontraba el guardia de seguridad que, según cuenta Graciela Hidalgo, “aparece de vez en cuando y está totalmente pintado, porque no le impide el ingreso a nadie, aún cuando ve que hay chicos metidos en el agua”. La mujer sabe de lo que habla: ella es madre de Miguel Vergara, de 17 años, quien falleció el año pasado tras arrojarse al agua con otra persona para salvarle la vida a dos pibes que se estaban ahogando en la tosquera. Finalmente, murieron los cuatro (ver recuadro).
Pero así como las tosqueras terminan de un momento a otro con la vida de muchos jóvenes pobres, también generan focos de contaminación ambiental que perjudican exclusivamente a estas mismas poblaciones. Sucede que la profundidad de estos pozos es utilizada para arrojar basura de forma clandestina, sin ningún tipo de tratamiento, provocando un olor nauseabundo, la aparición de animales transmisores de enfermedades y la contaminación de suelo y napas subterráneas. Por ejemplo, hace unos años, la tosquera San Nicolás, de Florencio Varela, fue rellenada con basura para impedir más muertes. Pero esa “solución” trajo como consecuencia otro problema: una investigación realizada por profesionales de la Universidad de Buenos Aires indicó que la cava presentaba “concentraciones de metales pesados suficientemente peligrosas como para considerarla un factor de riesgo para la calidad de las aguas subterráneas y, en consecuencia, para la salud de la población que se abastece de ella”. En un pozo de agua domiciliaria, cercano a la tosquera, los especialistas encontraron el metal mercurio en un tenor 14 veces superior al permitido por la Organización Mundial de la Salud. La exposición a altos niveles de esta sustancia puede dañar permanentemente el cerebro, los riñones y al feto en desarrollo. Según la bióloga Norma Rodríguez, de la Fundación ADN, “la basura contamina las primeras napas subterráneas, es decir, las que tienen menos profundidad y que, en general, es de donde reciben agua las poblaciones más pobres, producto de su cercanía. En cambio, las poblaciones de mayor nivel socioeconómico que están mas lejos de las tosqueras, reciben agua de las napas más profundas y, por ende, más limpias.”

Los vecinos de las zonas rodeadas por tosqueras coinciden en que reacondicionarían el lugar, creando reservas naturales por medio de la expropiación de los terrenos, ya que el Estado no lo hace: “la municipalidad anunció hace dos años, varias veces en folletos y medios, que están haciendo reservas en las tosqueras, pero por el momento no hay acción a la vista”, aseguró Rubén Prymacsok, representante de la ONG Semillas al Viento, de La Matanza. En otras localidades, los vecinos describieron la misma situación.

Prensa libres del Sur-Matanza